LA CAUSA Y LO CAUSADO

Línea 12: justicia, no persecución

El expediente de la Línea 12 del Metro continúa en el centro del debate y de las decisiones más importantes para la Ciudad de México; sin embargo, lo peor que podría pasar sería el inmovilismo o la resignación a que prevaleciera la actual situación de país y de nuestra capital.

Se requiere que las autoridades actúen y se finquen responsabilidades a los servidores públicos que incurrieron en comportamientos y acciones que pueden constituir algún delito, pero igual de importante es que las autoridades no actúen con consigna y menos que esta investigación se convierta en una persecución política.

No deben perderse de vista dos aspectos sustanciales. Que el cierre parcial de la Línea 12 afectó a millones de usuarios en sus trayectos de traslado y en sus bolsillos, porque los tiempos de origen destino se multiplicaron y a partir de la suspensión del servicio gastan un porcentaje mayor de sus ingresos en pagos por transporte, ya que los apoyos que las autoridades dispusieron para solventar este cierre han sido insuficientes.

Junto a la afectación de servicio, se encuentra el daño patrimonial a la ciudad y la inadecuada aplicación de recursos federales y locales en este proyecto. La Comisión Investigadora de la Línea 12 del Metro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en su informe final sobre la suspensión del servicio en esta línea, identificó diversas irregularidades antes, durante y después de su construcción.

Se denunciaron aspectos como pagos anticipados e irregulares, contratos indebidos; que la obra estuvo mal diseñada y planeada, que no hubo una licitación correcta, que existieron sobrecostos y sobreprecios; así como errores en el diseño de los planos y modificaciones al proyecto.

Por supuesto que ante estos hechos, las autoridades deben actuar, deslindar y fincar las responsabilidades penales y administrativas a las que haya lugar. Se trata de un hecho que la sociedad mexicana y particularmente la población de la capital no merecen y no tolerarán.

Este reclamo de justicia y de poner un alto a la negligencia y a la corrupción en la Ciudad de México no puede ser una simple lista y persecución de probables responsables. Lo que menos necesita el país y la ciudad en estos momentos es una cacería de brujas o una Santa Inquisición.

Como dice el dicho popular: “Ni taparle el ojo al macho, ni buscar chivos expiatorios”. El país y la Ciudad de México necesitan algo que puede enunciarse de una manera sencilla, pero que se ha convertido en un reto: aplicar la ley. 

Aplicar la ley significa colocarse del lado de los ciudadanos y de sus exigencias; significa alejarse de los ajustes de cuentas y de las revanchas.

México debe ser un estado de derecho. Esto será posible solo cuando se imparta justicia tal y como lo contienen las leyes y no de modo discrecional o con determinada orientación.

Uno de los aspectos más importantes de un régimen democrático se encuentra en la forma en la cual se imparte justicia y no solo en la forma de elegir a sus gobernantes y representantes populares. Se debe garantizar el bienestar de la sociedad por medio del cumplimiento de la ley y aquellas personas que no la cumplan deben gozar de las garantías de un proceso apegado a derecho y no a una actuación por consigna o coyuntura política.


*Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Twitter: @MBarbosaMX