¿La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa constituye una violación grave de los derechos humanos? Sí, sin lugar a dudas.
¿La desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, al inicio de este año, representa un hecho grave contra los derechos humanos? Sí.
¿La larga lista de levantones, desapariciones y asesinatos de periodistas atenta contra la libertad de expresión y contra los derechos humanos? Sí.
¿Los migrantes centroamericanos que cruzan el territorio nacional para llegar a Estados Unidos padecen malos tratos que violan sus derechos fundamentales? Por supuesto que sí.
¿Los jornaleros de San Quintín y de otras regiones agrícolas sufren violaciones permanentes a sus derechos laborales y humanos? Sí.
¿Existen feminicidios, abusos a menores y a personas mayores, discriminación a indígenas, a homosexuales, lesbianas, transexuales y demás preferencias? Sí.
Estos hechos son conocidos y acreditados, entonces, por qué el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, desconoce contundentemente el informe más reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, entre muchas otras cosas, afirma que México atraviesa por una crisis en esta materia en un contexto de inseguridad que persiste desde hace varios años, marcados por altos niveles de impunidad.
Estas tres dependencias de manera conjunta afirman que si bien el informe de la CIDH da cuenta de algunos avances en materia de derechos humanos, desafortunadamente no refleja la situación general del país, y parte de premisas y diagnósticos erróneos.
Debo decir que no comparto totalmente el diagnóstico de la CIDH, pero reconozco que existen casos escandalosos, como los de Iguala o Tierra Blanca, que muestran el deterioro del país en esta materia ante la opinión pública.
Sería injusto afirmar que nada ha cambiado en las últimas tres décadas en esta importante materia. Basta señalar que todo el capítulo primero de la Constitución se reformó desde la visión de los derechos humanos.
La autocrítica, según las diversas definiciones, es la capacidad de distinguir los propios defectos y proponerse hacer lo mejor posible para que éstos no se sigan repitiendo. Significa la capacidad de evaluarse y corregir errores.
Regla de vida: los problemas no se resuelven solos. La peor actitud es sentarse, cerrar los ojos y negar la realidad. Parece que eso ocurre en algunas zonas de la administración pública. El gobierno no puede limitarse a rechazar, a calificar este informe de infundado, debe asumir una posición autocrítica, el papel que debe jugar un Estado frente a hechos que han sido materia de escándalo internacional.
Un gobierno no se fortalece negando la realidad, ante la crítica debe prevalecer la búsqueda de soluciones, no en el discurso, sino en los hechos. En los expedientes de violación de los derechos humanos, la decisión del gobierno ha sido proteger de la justicia nichos de impunidad y de privilegio.
Coincido con que uno de los principales desafíos del Estado mexicano radica precisamente en romper el ciclo de impunidad y tomar acciones para mejorar la seguridad ciudadana, combatir las desapariciones forzadas, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, garantizar el acceso a la justicia, la protección de las personas en situación vulnerable y garantizar la libertad de expresión.
*Coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la República.
Twitter: @MBarbosaMX
