Cuando el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, declara que está a favor de la discusión, pero contra la legalización del consumo de mariguana, inmediatamente después de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunciara el formato bajo el cual se desarrollará el debate, por la vía de los hechos cancela el mismo, porque las dependencias de gobierno, los legisladores federales y locales, y los líderes del PRI se plegarán a la posición del Presidente.
Esto implica algo así como que el gobierno permite que se hable todo lo que se quiera, que se consulte a todos, pero desde el principio la posición del gobierno está definida. Resulta lamentable que el titular del Poder Ejecutivo hubiese definido su posicionamiento al final del proceso y no al inicio.
El debate sobre el consumo medicinal o lúdico de la mariguana es uno de los ejemplos más claros de la manera en que la sociedad mexicana ha logrado que un tema del interés de grupos específicos se coloque en la agenda nacional. Desde el gobierno, el tema del consumo de la mariguana es un asunto delincuencial; desde la sociedad, un tema de salud pública y de ejercicio de libertades.
El debate en torno a la mariguana ha sacado a la luz excelentes reflexiones y textos. Está la propia resolución del ministro Arturo Zaldívar, que aprobó la Suprema Corte, o el libro Marihuana y salud, coordinado por Juan Ramón de la Fuente y editado por el Fondo de Cultura Económica, en el cual realizan una revisión exhaustiva del uso de la cannabis por el hombre con fines religiosos, recreativos, médicos e incluso textiles. Este libro expone que la mariguana es quizá su producto más conocido y también el más controvertido, porque dentro del imaginario social su consumo como droga está ligado a un estigma que identifica a su usuario con la enfermedad o la delincuencia.
Es un gran error del gobierno intentar alinear el debate, antes de que inicie de manera formal.
Si ahora el Presidente de la República ha tenido que hacer pública su posición, es porque un grupo de ciudadanos organizados, investigadores y especialistas ha ido poco a poco ganando terreno en la opinión pública. El Congreso de la Unión ha sido receptivo a estas circunstancias. De hecho, hace unos días el Senado de la República estableció un comité para la organización de la discusión con la participación de dependencias, especialistas y ciudadanos interesados.
Fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al respaldar la resolución preparada por el ministro Arturo Zaldívar, la que colocó el debate en un nuevo plano al otorgar el primer amparo para que un grupo de ciudadanos pueda consumir mariguana con fines lúdicos.
Si se produce la alineación de todo el aparato gubernamental en torno a la definición del Presidente, se habrá perdido un excelente ejemplo de construcción de ciudadanía.
¿México sigue siendo un país presidencialista en donde la opinión del titular del Poder Ejecutivo se vuelve prácticamente ley? ¿Es el Presidente quien dice la primera y última palabra de la agenda y las prioridades nacionales? Considero que la influencia del Presidente sigue siendo amplia en extensos espacios de poder, pero también estoy convencido de que nadie puede imponer una visión o una agenda cuando el ciudadano se decide a ejercer sus derechos de opinar o hacer. Para este debate, al final del día el Presidente perderá en todos los tiempos. Quien quiere oponerse a la evolución natural de las cosas, resulta arrollado.
*Coordinador palamentario del PRD en el Senado de la República.
Twitter: @MBarbosaMX
