En pocas palabras...

¿Quién gana con la lucha de poderes?

La decisión de los diputados locales de reducir de 16 a 14 las plazas de magistrados, sin tomar en cuenta al Poder Judicial, suena más a un golpeteo político que a ganas de ahorrarle dinero al erario.

Del presupuesto que actualmente ejerce el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, sólo dejarán de gastar algo así como 3.6 millones de pesos al año, porque salvo los dos magistrados que se quedarán sin chamba, los casi 50 empleados que conforman las dos salas penales seguirán en la nómina.

Seguramente tendrán que ser reubicados a salas familiares, donde tienen exceso de trabajo porque en esa materia los casos van en aumento a diario. Y también sucederá lo mismo con las del ramo penal, cuando la oralidad los alcance.

A partir de enero comenzaron los juicios orales en Nuevo León, y en poco tiempo los magistrados recibirán las apelaciones para resolverlas en tiempo y forma, lo cual incrementará el trabajo para las 14 salas que unilateralmente dejaron los diputados.

La pregunta es de dónde se basaron nuestros legisladores para reducir esas dos plazas, ya que ni los integrantes del Tribunal ni los del propio gobierno independiente esperaban una medida de esa naturaleza. En otros estados varía el número de salas según la población. Mientras Coahuila tiene 14, en Jalisco suman 10, pero ni juntas superan al Estado de México con poco más de 50.

Luego entonces cuáles fueron los criterios que los miembros de la Legislatura local utilizaron para reducir, y por qué no aumentar dos o más. Hasta ahora la exposición de motivos ha dejado inconformes tanto a los integrantes del Poder Judicial y hasta los del Ejecutivo.

En los últimos años en Nuevo León van al alza los delitos, pero también los conflictos civiles y familiares. Eso ha traído más trabajo a los jueces y magistrados que tienen rezago de miles de expedientes.

Las salas 3 y 5 (del ramo familiar) están saturadas de expedientes, por lo que en lugar de eliminar dos magistrados, debieron reorganizarlas para que haya juicios más expeditos.

Ante el palo dado que a todas luces parece una pifia legislativa, alguien tiene que recomponer las cosas y evitar que una disputa entre poderes afecte a los ciudadanos.

miguelangel.vargas@milenio.com