En pocas palabras...

...Otra de policías y ladrones

El pasado miércoles viajé de Puebla al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para llevar a mi familia, que por la tarde abordaría un avión para trasladarse a Monterrey por las vacaciones de Navidad.

En punto de las 18:00 y ya cuando habían abordado, decidí regresar a mi casa, en San Andrés Cholula, por una de las avenidas principales para enfilarme por el Circuito Exterior Mexiquense.

Unos cuantos kilómetros antes había un retén de policías del Distrito Federal que al ver mis placas de otra entidad no dudaron en hacerme el alto.

La camioneta es de reciente modelo, está a mi nombre y tiene su verificación doble cero, por lo que pensé libraría el trámite sin problema. Además por errores administrativos del gobierno poblano, los centros donde el año pasado revisaban las emisiones de vehículos comenzaron después y tuvieron que ampliar el plazo.

Pues con todo y eso, el oficial se dispuso a revisar hasta la serie del vehículo como buscando un pretexto para infraccionarme, y lo encontró. Me dijo que debí revisar mi camioneta en el DF o en Hidalgo o en el Edomex.

Como no lo hice, me haría acreedor a una multa de más de 3 mil pesos y que por reglamento, el cual por supuesto no me mostró, tenía que llevarse el vehículo al corralón.

El deshonesto oficial de nombre I. Pérez me exigió al menos 500 pesos, los cuales tuve que entregarle. Confieso que me sentí cómplice de la corrupción, pero en ese momento entré en pánico por desconocer a lo que me estaba enfrentando.

En el colmo del descaro me entregó un pedazo de papel con una clave para que la mostrara por si me topaba con algunos hampones uniformados como él.

Si eso hacen estos supuestos guardianes del orden en la ciudad más importante de nuestro país, qué no harán en los estados o municipios olvidados de la mano de Dios, como en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Por eso funcionarios como José Luis Abarca y su esposa hacían su santa voluntad en aquella abandonada comunidad ante la complacencia y complicidad del entonces gobernador Ángel Aguirre, a quien por cierto nadie le ha fincado responsabilidad alguna y que seguramente la tiene.

Lo peor del caso es que ejemplos como éste siguen registrándose por todo el país, mientras nuestros políticos siguen más preocupados por conservar sus cotos de poder, que por resolver de fondo el grave problema de la impunidad de nuestras corporaciones policiacas.

miguelangel.vargas@milenio.com