En pocas palabras...

El negocio del robo de autopartes

En junio de 2013, la señora Elizabeth protagonizó un choque por alcance en avenida López Mateos, del municipio de Guadalupe. Como en ese momento no hubo manera de llegar a un arreglo con la parte afectada, su camioneta fue detenida y llevada al corralón ubicado sobre la avenida México. Así comenzó su odisea.

Para diciembre de ese mismo año, acudió al lugar donde estaba el vehículo con el documento oficial para liberarlo. Cuál sería su sorpresa porque el vehículo estaba desaparecido Pasó todo el 2014 y nadie le daba una explicación de lo que había sucedido.

Por si fuera poco, el depósito de vehículos cambió a un terreno en el municipio de Santa Catarina, donde tampoco sabían el destino de su camioneta. Según le dijeron, ahora está a cargo de la empresa denominada 4X.

La semana pasada un familiar de la mujer, el cual se dedica a la mecánica, andaba por la zona de la avenida Pablo A. de la Garza comprando algunas piezas y le llamó la atención la numeración de una de las placas de lo que quedaba de una camioneta en el patio de Autopartes RG.

En ese momento le marcó para corroborar si se trataba de la suya y, efectivamente, era la misma. Todavía la señora fue personalmente a tomarle fotografías con permiso de uno de los empleados.

Con todos esos elementos fue a presentar la denuncia ante el Ministerio Público, que por cierto no ha actuado. Cómo puede ser posible que una indefensa ciudadana haya tenido más agallas que la propia autoridad.

Resulta obvio que su vehículo no fue el único que desapareció en el traslado y que muchos otros se encuentren en Autopartes RG o en otros negocios de Pablo A. de la Garza. Es un secreto a voces que los delincuentes van a ese lugar a vender el producto del robo.

También es de sobra conocido que la Procuraduría de Justicia en el Estado y la misma PGR, tienen conocimiento de esa situación pero nadie ha querido solucionar el problema de fondo y hay quienes piensan que más que negligencia podría tratarse de un abierto contubernio.

De lo contrario cómo explicar que la señora Elizabeth pudiera resolver su caso sin la intervención de los agentes ministeriales. Lo peor del caso es que con todas las pruebas todavía no hay un solo detenido y nadie que responda por el daño patrimonial. Y luego se preguntan por qué los ciudadanos están tan indignados con la autoridad. 

miguelangel.vargas@milenio.com