En frecuencia

Justicia o retroceso

Ya le hemos expuesto en este espacio lo complejo que ha resultado la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en especial en lo referente a la hora de procesar a presuntos delincuentes que representarían un peligro al no ejecutarles la prisión preventiva debido a que el catálogo de delitos que ameritan dicha acción no incluyen por ejemplo el robo de hidrocarburos o la simple posesión ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército y las fuerzas armadas.

Existe desde el mes de febrero en la Cámara de Diputados una iniciativa que pretende, entre otras cosas, incrementar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y dejar abierta la posibilidad de que las normas en materia de armas de fuego y explosivos, migración así como hidrocarburos determinen otros delitos que la ameriten.

Con ello, por ejemplo, existiría la posibilidad de que quienes sean sorprendidos con armas de fuego sobre todo aquellas que sean de uso exclusivo del Ejército tendrían que pasar el proceso en prisión preventiva y no en libertad.

Otro hecho, tal vez el más relevante de esta iniciativa en discusión, es que no se podría invocar la duda razonable sin elementos de prueba, lo que implica que la defensa y el imputado deben de probar su inocencia, a diferencia de lo que ocurre en el sistema garantista en el que es la autoridad la que está obligada a probar la culpabilidad.

Hay dos corrientes, una que está a favor de esta iniciativa, porque deja un menor margen para que delincuentes probados queden el libertad para cometer sus fechorías una y otra vez, y otra en contra, pues la mayoría de los detenidos que sí terminan pagando sus deudas con la sociedad estarían de nuevo expuestos a las universidades del crimen como son los penales del país.

El problema al que actualmente nos enfrentamos es que quisimos implementar el nuevo sistema de justicia sin cerrar las pinzas que significan el contar con programas de prevención eficientes, policías realmente capacitadas para llevar a cabo investigaciones de calidad y querer resolver todo mediante reformas a la ley en lugar de combinar esto con inversiones importantes en programas que ayuden a mejorar, no solo las capacidades de las policías sino también a contar con verdaderos programas de prevención del delito.

Es cierto que de implementar dichas reformas no se daría oportunidad al nuevo sistema de justicia de madurar, es cierto que además podrían volverse a cometer algunos abusos en que se incurrían con el sistema tradicional en el que eran incontables los casos de "usted disculpe" y se incriminaba a inocentes porque no nos importaba quién la hiciera sino quién la pagara para "rendir buenas cuentas".

Es cierto que no debemos retroceder, pero también es cierto que las instituciones del sistema de justicia penal aún están lejos de contar con las capacidades necesarias para una operación óptima que permita una aplicación de la justicia, que es lo que demandamos, es correcto no deben de salir delincuentes como si nada a mantener su carrera criminal pero también es cierto que la gran mayoría de los detenidos no corresponden al crimen organizado deben tener acceso a un sistema garante.

miguel.puertolas@milenio.com