En frecuencia

Jueces bien pagados y cómplices

"El sentido común es el menos común de los sentidos"

Ayer nos volvió a ¿sorprender? la decisión tomada por un juez federal que sin más dejó en libertad a tres sujetos que fueron detenidos en flagrancia con armas de uso exclusivo del Ejército, la variante en este caso fue que al menos uno de los inculpados ya había sido detenido por la misma causa y como si nada se le volvió a beneficiar con la libertad condicional.

Cuando un juez se corrompe o actúa ajeno a la impartición de justicia, las causas de ello no deben de buscarse en el diseño de la institución que representa el Poder Judicial sino en el actuar de cada uno de ellos, quienes son los únicos responsables de las decisiones que toman.

¿A qué nos referimos? A que el sistema judicial es bastante benévolo con los impartidores de justicia pues resulta que son los mejores pagados de América Latina, en especial aquellos que pertenecen al Poder Judicial de la Federación quienes se encuentran al nivel de los países más desarrollados del mundo, sí, en salario, lo mismo quisiéramos en materia de impartición de justicia.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de México tiene ingresos mensuales por 24 mil 617 dólares, 9 mil más por ejemplo del de Chile y casi el doble que su símil en Brasil. El caso es que no podemos buscar en las condiciones laborales de los jueces y magistrados el actuar poco responsable como para tener el criterio suficiente y tomar herramientas necesarias para evitar que delincuentes que son un peligro potencial anden en las calles como si nada.

Y pese a que en México se dan las condiciones laborales más favorables para los jueces y magistrados no garantiza que se cuente con un sistema fiable que permita dejar de lado criterios tan fuera de la lógica como dejar en libertad a empistolados que representan un verdadero peligro sin siquiera tomar en cuenta las pruebas aportadas por el Ministerio Público y sacudiéndose las palmas de la mano, asegurando simple y llanamente que se dio una detención ilegal para dejar fuera de lugar a quienes buscan que se castigue a los criminales.

Pero otro eslabón en esta cadena de impunidad sin duda son los legisladores, que no dan visos de tener un interés real en que se resuelva el hueco legal que se ha dejado en el artículo 19 constitucional, otro grupo de la burocracia que se encuentra suficientemente remunerado y que actúa más en concordancia de los intereses de su partido que en lo que urge atender entre la población.

¿Para eso pagamos con nuestros impuestos a jueces y magistrados?, ¿para eso pagamos el salario de los diputados? Si esa eficiencia se tuviera en la iniciativa privada tenga por seguro que ya los habrían despedido... ahí es donde empiezo a pensar que deberíamos tener los mecanismos para hacerlo, asunto importante que sin duda los pondría a trabajar en favor de los intereses de la población.

miguel.puertolas@milenio.com