En frecuencia

Control de desconfianza

Desde la creación del Sistema Nacional de Seguridad durante el sexenio de Ernesto Zedillo, uno de los cambios que se implementó para ingresar a las filas de los cuerpos policiales, a modo de criba de malos elementos fueron los exámenes de control de confianza.

Dichas pruebas se han mantenido en el ojo del huracán por mucho tiempo, ante las dudas que ha dejado entre elementos de las diferentes corporaciones, sobre los criterios que se siguen para que un agente pase o no las dichosas pruebas, ya que sobran los ejemplos de personal calificado que terminan siendo delincuentes, y descalificados que fueron desde el inicio el ejemplo de la corporación a la que pertenecieron.

También deja dudas entre los ciudadanos respecto a la aptitud de quienes se encargan de velar por nuestra seguridad. Es importante que los resultados de dichas pruebas puedan ser conocidos por quienes seremos objeto de vigilancia y cuidado. Pues cualquier individuo que paga el salario del funcionario encargado de la seguridad de su municipio, estado o nación, tiene derecho a saber si es el perfil idóneo o no para ocupar el cargo.

Con ello no estamos pidiendo que se devele la personalidad del funcionario, sus miedos o costumbres o datos que pudieran hacerle vulnerables, no, simplemente es que se sepa públicamente si es apto o no para ejercer el cargo.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad (ENVIPE) que elabora el Inegi, revela el escalofriante dato de que el 90 % de los delitos que se cometen no se denuncian, y que buena parte de ello es por la desconfianza en la autoridad.

Ponemos como ejemplo lo que sucede con la iniciativa ciudadana #3de3, en la que el funcionario público no está obligado a transparentar su patrimonio, pero en aras de un ejercicio de rendición de cuentas lo hace. Lo mismo podría ser con los jefes policiales.

Ya existe un antecedente en el que el extinto IFAI determinó que la Policía Federal debía hacer público los resultados de las evaluaciones de control y confianza aplicadas en 2010 y 2011 a tres altos mandos de seguridad pública en Sinaloa en julio de 2013.

La resolución se basó en el criterio de que los resultados son una obligación que tiene consecuencias legales que la PF no podía omitir, "pues su publicidad, da cuenta de la idoneidad de los servidores públicos para ocupar sus puestos en el Sistema de Seguridad Pública del estado de Sinaloa y permite evaluar su actuación y su desempeño en el cargo".

Desafortunadamente estamos tan decepcionados de la palabra de los políticos, que es difícil creer que por solo el hecho de declarar que el servidor público es apto para ocupar el cargo, así será.