Articulista Invitado

Para el migrante, un día internacional y años de olvido

Para EU, la contención es la única solución al problema tras la oleada de menores indocumentados que viajaban solos, se puso en marcha la Operación Seguridad Fuerte, por lo que habrá otras 4 mil cámaras de vigilancia en la frontera.

Hace 14 años, cuando en México se alentaba la esperanza de que nuestro país y Estados Unidos alcanzaran felices acuerdos para atender la migración, la Asamblea General de la ONU proclamó el 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante.

Nunca sabremos si tales acuerdos habrían podido lograrse, porque cuando en septiembre de 2001 fueron derrumbadas las Torres Gemelas de Nueva York, con ellas cayeron también nuestras expectativas. Estados Unidos optó entonces por privilegiar la seguridad interna, lo que dio al traste con cualquier posibilidad de acuerdos migratorios.

Durante los ocho años de administración del presidente George W. Bush y los seis que lleva el gobierno de Barack Obama, la probabilidad de una reforma migratoria en EU apareció en la agenda una decena de ocasiones y desapareció una y otra vez debido a diversas causas, pero casi siempre por una razón evidente: su escasa importancia frente a otros temas más urgentes y a últimas fechas por una férrea oposición republicana.

Si bien la atención a la migración no requiere del establecimiento de una fecha, cada 18 de diciembre cabe reflexionar sobre los avances y retrocesos. 

Como siempre, lo sucedido en 2014 tampoco ofrece motivos para celebrar.

En este año dos acontecimientos marcaron la agenda migratoria entre Estados Unidos y América Latina: la crisis humanitaria de los niños migrantes no acompañados y la orden ejecutiva del presidente Obama que beneficia a alrededor de cinco millones de indocumentados.

La crisis humanitaria, así llamada por el gobierno estadunidense, fue un estallido al que no correspondió una solución: pronto nos dimos cuenta de que Estados Unidos no estaba conmovido por la situación de las niñas y niños mexicanos y centroamericanos, sino preocupado por encontrar una medida administrativa que le permitiera hacer frente a un presupuesto rebasado por la creciente llegada de menores de edad no acompañados.

Más allá de acciones coyunturales, el gobierno estadunidense anunció un programa especial para que niños de El Salvador, Guatemala y Honduras puedan solicitar estatus de refugiado o un permiso de estancia temporal, pero tampoco esta medida llegará muy lejos debido a que el Programa de Refugiados solo considera 4 mil visas de este tipo para toda América Latina y el Caribe.

Una muestra de que la contención es la única solución que Estados Unidos puede ver es que tras la oleada migratoria de menores centroamericanos se puso en marcha la Operación Seguridad Fuerte, por lo que pronto habrá unas 4 mil nuevas cámaras de vigilancia a lo largo de la frontera con México, desde El Paso hasta Brownsville. ¿A qué crisis humanitaria se referían, si no hay medidas humanitarias para solucionarla?

Por lo que respecta a la acción diferida ordenada por Barack Obama (que es una ampliación de la decretada en 2012), ésta hace posible que cinco millones de migrantes indocumentados puedan obtener permiso de trabajo por tres años, siempre que tengan más de cinco años viviendo en Estados Unidos y no tengan antecedentes penales. Beneficia, asimismo, a los hijos de inmigrantes que hayan llegado al país antes del 1 de enero de 2012 y no tengan más de 30 años de edad.

Aunque la medida está en vigor, resulta claro que enfrenta una sistemática oposición republicana: hace 15 días, 16 estados de la Unión Americana, entre ellos Texas, Alabama, Georgia, Idaho, Indiana y las Carolinas, presentaron una demanda contra ésta ante la Corte Federal del distrito sur de Texas por considerar que vulnera importantes disposiciones de la Constitución estadunidense.

Un día después la Cámara de Representantes aprobó un proyecto para anular las medidas de regularización de indocumentados ordenadas por Obama. Su propósito es prohibir al gobierno que exima por decreto a inmigrantes irregulares de ser deportados, ya que, sostienen, el acto del presidente es nulo y carente de legalidad.

Difícilmente el proyecto prosperará, pues el Senado aún tiene mayoría demócrata, y la Casa Blanca ya adelantó que, llegado el caso, vetaría la ley, pero el hecho, que en el fondo es simbólico, revela que en cuanto se renueven el propio Senado y la Cámara de Representantes, con mayoría republicana en la próxima legislatura, la posición del partido opositor tendrá mayor fuerza, si no para revertir la decisión de Obama, sí para impedir cualquier paso hacia adelante.

Además, no parecen estar dadas las condiciones para la integración social de los migrantes latinos: el FBI informó, en su reporte anual de crímenes de odio, que más de la mitad de estos delitos fueron contra personas de origen hispano en 2013.

Hay otras señales de que en materia migratoria Estados Unidos avanza más lentamente que en otros ámbitos: por ejemplo, acaban de darse a conocer nuevos protocolos para la etiquetación racial, mediante los cuales se restringirá el uso de criterios raciales para detener sospechosos y se disminuirán las facultades de los agentes federales para tomar en cuenta raza, etnia y nacionalidad en el curso de investigaciones criminales.

Esto quiere decir que las agencias federales del orden en Estados Unidos ya no podrán etiquetar ni interrogar a alguien por motivos raciales (¿es una confesión de que estaban autorizados para hacerlo?).

Los nuevos protocolos obligan al FBI, la DEA y la AFT, pero dejan exentas de su normativa a la Patrulla Fronteriza y a la Administración de Seguridad en el Transporte, a los oficiales de aduanas y a los inspectores en puertos de ingreso.

El mensaje es evidente: Estados Unidos avanza en su legislación antirracial, pero no está dispuesto a hacerlo cuando se trata de migrantes.

Los hechos de 2014 en materia de migración en el hemisferio occidental confirman que en el siglo XXI no está ocurriendo lo que se creyó alguna vez antes de que empezara: que la migración indocumentada encontraría mayor comprensión y reconocimiento, derrumbaría tabúes y retornaría a la agenda del desarrollo y la economía.

En realidad, la migración sigue entrampada en la agenda de la seguridad y es, por lo tanto, escenario de acción policial y continúa arrastrando ancestrales prejuicios raciales, dogmáticos y xenofóbicos que la convierten en permanente espacio de violaciones a los derechos humanos.

Los migrantes indocumentados siguen siendo, a pesar encendidos discursos oficiales, seres humanos de segunda, mujeres y hombres sin ciudadanía, niñas y niños sin protección.

Si estos seres humanos siguen teniendo esperanza no es por lo que los gobiernos les ofrecen, sino porque son generadores de sus propias ilusiones, ávidos de una vida mejor, acertadamente convencidos de que son merecedores de una existencia digna.

*Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.

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