Articulista Invitado

Exigir, defender y respetar derechos

Saber que se tiene derecho a luchar por el reconocimiento de un derecho implica la conciencia de que los derechos existen. En consecuencia, los métodos o las formas de lucha que se elijan incluyen o deben incluir, el respeto a los derechos de los otros.

Afectar derechos es una contradicción esencial de quien exige el respeto o el reconocimiento de un derecho.

Sin poner en duda la legitimidad de la causa de cada quien, es procedente reflexionar sobre las vías elegidas.

En un momento en el que en México se observa un florecimiento de la libertad de manifestación y cuando las más diversas posturas ideológicas y políticas se debaten en los medios, las calles, las redes sociales, podemos decir que vivimos en una nación que no se calla, que no baja la mirada, que está escribiendo un futuro en el que los derechos de todas las personas convivan de manera equilibrada y respetuosa.

Estamos ante un movimiento cívico, plural, multitemático, que se nutre directamente de la sociedad, lo que puede constituir una gran base y fortaleza para la construcción de un país de libertades y derechos.

En este mosaico de voces, sin embargo, surge con frecuencia una expresión que si bien no demerita la legitimidad de las causas, sí las debilita y las exhibe, al menos, como contradictorias.

Si los normalistas de Guerrero tienen una causa, que la defiendan; si la CNTE lucha por sus convicciones, que lo haga, y si el colectivo Frente Orgullo Nacional México exige el reconocimiento de derechos, que insista, desde luego.

Pero tomar edificios públicos, destruir vidrios, equipos de cómputo, arrojar piedras a la policía, amedrentar a terceros, como lo vienen haciendo los normalistas en Iguala; o bloquear carreteras, centros comerciales, vías ferroviarias, humillar a otros maestros y policías, secuestrar e incendiar vehículos, como suelen hacerlo dirigentes y algunos miembros de la CNTE, es deslegitimar ellos mismos su lucha porque no se puede, no se debe, defender derechos vulnerando derechos. Es inadmisible delinquir con la excusa de defender derechos y pedir justicia.

Y tan reprobable como la violencia física, es la violencia difamatoria que, para defender sus derechos, puso en práctica el Frente Orgullo Nacional México al difundir los nombres de sacerdotes católicos que, según esa organización, serían homosexuales.

Al margen de la veracidad de tal afirmación, estamos en presencia de una acción que los defensores de derechos humanos hemos rechazado por años: la utilización de la vida sexual e íntima de las personas con fines políticos o mediáticos, recurso del que muchos homosexuales han sido víctimas y que, como apuntó Carlos Marín hace unos días, tiene características de prácticas fascistas.

Un movimiento social es su causa, pero también es su conducta.

La congruencia entre una causa y sus métodos de lucha no solo es un indispensable principio ético, sino incluso una medida conveniente a la causa misma, pues ha habido movimientos legítimos que se extraviaron al optar por la violencia, la calumnia o la arbitrariedad, justamente cuando luchaban o decían luchar, contra la arbitrariedad, la calumnia o la violencia.

Las pacíficas concentraciones simultáneas en el Ángel de la Independencia del sábado 24 de septiembre, una del Frente Orgullo Nacional y otra del Frente Nacional por la Familia, con evidentes posturas enfrentadas, son una muestra de que es posible defender una idea o un principio sin recurrir a la violencia.

En todo caso, cabe reflexionar en que esta etapa de movimientos y demandas sociales, por sí misma nutriente de nuestra convivencia presente y futura, puede verse dinamitada si algunos de los grupos que las abanderan elijen transgredir derechos ajenos o dañar personas o patrimonios en busca de la ganancia de corto plazo, en lugar de preferir la buena lid y hacer de su perseverancia, congruencia y argumentos sus mejores armas en pro de su causa.

Seguramente, con la influencia y decisión de la mayoría de los integrantes de los actuales colectivos involucrados, es posible y exigible lograr que prevalezcan los debates públicos pacíficos, inteligentes, constructivos.

*Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados.