Articulista Invitado

El Constituyente de 2013

En México vivimos un proceso fundacional; en un corto periodo de tiempo se han pactado reformas de gran calado. Aun cuando nuestra Carta Magna ha experimentado numerosos ajustes, los cambios impulsados son muy distintos.

Decía Charles De Gaulle, en el momento de fundar la V República Francesa, que los Estados incapaces de refundarse periódicamente estaban condenados a morir, “ya fuera por inanición o por un colapso repentino”. En México vivimos ahora un proceso fundacional. Como pocas veces en la historia reciente, en un corto periodo de tiempo se han pactado reformas constitucionales de gran calado. Aun cuando nuestra Carta Magna ha experimentado numerosos ajustes a lo largo de su vigencia (573 reformas desde 1917 hasta 2013), los cambios impulsados en el último año son muy distintos. Ello en razón de que han modificado la estructura de nuestro sistema político y económico. De ahí que no sea exagerado afirmar que, a tres años de su centenario, México cuenta hoy con una nueva Constitución.

El regreso del PRI a Los Pinos trajo consigo la suscripción del Pacto por México, que hizo evidente el compromiso tanto del titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, como de los dirigentes de las dos principales fuerzas políticas de oposición, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, para crear mayorías por medio de la negociación y el diálogo. Los cambios se concretaron gracias a la voluntad política de diputados y senadores del Congreso de la Unión que, superando comportamientos inerciales, mostraron que la política no es inevitablemente un juego de “suma cero”, donde las pérdidas de uno se convierten de manera automática en las ganancias de la contraparte. Como resultado de ello, gobierno, legisladores y dirigentes partidistas hicieron realidad una hipótesis planteada por Felipe Tena Ramírez años atrás: la creación de una nueva Constitución a partir del procedimiento de reformas y adiciones prevista en el propio texto constitucional.

Tomando en cuenta los cambios que se avecinan, las reformas constitucionales en los ámbitos educativo, energético, de telecomunicaciones, de transparencia y político-electoral modificaron las bases sobre las que se ha sustentado hasta hoy nuestro sistema político. La apertura del sector energético a la inversión privada anticipa la  llegada de grandes capitales y la expansión de actividades económicas en varias regiones. Paralelamente, las nuevas regulaciones de telecomunicaciones hacen prever una mayor competencia, así como una mejor oferta de servicios de comunicación y conectividad global. Esta renovación del marco jurídico federal se acentuará aún más con las nuevas legislaciones en materia financiera, fiscal, de amparo y la procesal penal, con la inminente emisión del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.

En el ámbito político, los cambios son también de gran calado: la reelección legislativa inmediata, las candidaturas ciudadanas, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, el derecho de réplica, la regulación de la comunicación oficial y la transparencia en prácticamente toda institución pública. Asimismo, estas innovaciones cambiarán la dinámica al interior de los partidos y del propio Congreso de la Unión, pues se ha planteado la posibilidad de formar coaliciones políticas. De ahí que las formas de competir por el poder, de obtenerlo y conservarlo —incluso de perderlo— serán distintas a las que hemos visto hasta ahora.

Parte relevante de este proceso es, desde luego, la revisión de las relaciones entre el poder federal y las entidades federativas en distintos ámbitos. Hay que subrayar que las reformas constitucionales han incrementado el número de organismos públicos autónomos, figura que, pese a haber surgido hace ya varios años, hasta 2012 solo había alcanzado a cuatro instituciones: IFE, CNDH, Banxico e Inegi. El año pasado agregó seis más: INEE, Ifecom, CFCE, Coneval, IFAI e INE (este último funcionará sobre las bases del IFE). Debe destacarse que los integrantes de estos organismos son nombrados mediante procedimientos compartidos con los poderes públicos, con el propósito de asegurar su imparcialidad y eficacia. También vale la pena hacer notar que el mayor número de organismos autónomos regulados en la Carta Magna plantea, ahora, la necesidad de unificar los criterios que regulan su funcionamiento.

El optimismo sobre el futuro de México puede constatarse en el ámbito internacional. Ya se habla de un nuevo grupo de potencias emergentes llamado “MINT”, que se refiere a México, Indonesia, Nigeria y Turquía. El neologismo fue acuñado por Jim O’Neill, famoso analista de la empresa financiera Goldman Sachs, el mismo que creo y popularizó el término “BRIC”; mientras, la prestigiosa revista británica The Economist ha hablado de un mexican moment. Pero aunque nos congratulemos de los comentarios hechos en el extranjero, hay que cuidarse de lanzar las campanas al vuelo. Los triunfalismos excesivos son peligrosos. El mexican moment puede estar en riesgo a causa de eventuales dificultades en la operación política. Tampoco hay que desdeñar la amenaza cardinal que es el tema de la seguridad.

Aprobadas las reformas constitucionales, en este momento es muy pertinente escuchar las voces de los especialistas, quienes han señalado algunos apresuramientos, imprecisiones, deficiencias técnicas, incluso, contradicciones en algunos textos de las reformas. De existir insuficiencias, se está a tiempo de corregir. La oportunidad para ello se dará en los próximos meses, durante el proceso de aprobación de las legislaciones secundarias. Esperemos que siga prevaleciendo la idea de que alcanzar acuerdos entre adversarios políticos no solo es posible, sino también necesario. Al mismo tiempo, no debe asustarnos la existencia de disensos: el Congreso de la Unión, reflejo de la pluralidad social, conjunta las diferentes visiones que los mexicanos tenemos sobre el futuro del país. La reflexión crítica en los procesos de reforma resulta invaluable.

A manera de conclusión, podemos decir que la realidad le dio la razón a Tena Ramírez: en 2013 se creó una “nueva Constitución” sin necesidad de convocar a un Congreso Constituyente. La nación modificó su Carta Magna mediante la pluralidad, el diálogo y la capacidad de generar acuerdos. Sin duda, hay razones para un optimismo moderado, no para una actitud triunfalista. Todavía se necesita que la tarea concluya satisfactoriamente.

Twitter @mfarahg