Articulista Invitado

La CNTE y los derechos humanos

El 4 de julio miembros de la sección 7 en Chiapas retuvieron al menos a seis docentes que se presentaron a las pruebas; los agremiados insultaron, sometieron y cortaron el cabello.

El sábado 4 de julio ocurrió lo que debe ser el límite a las acciones violentas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Han hecho prácticamente de todo en su empeño por impedir la implementación de la reforma educativa.

En los meses recientes, la población ha padecido la toma de oficinas públicas, el incendio de inmuebles, el bloqueo de carreteras, la extorsión de automovilistas en las casetas de peaje, la retención de agentes del Estado, la quema de vehículos, la destrucción de oficinas y de equipos, entre otras acciones vandálicas.

En tres ocasiones consecutivas la CNTE se ha opuesto a la realización de los concursos de oposición para el ingreso a funciones docentes y técnicos docentes, así como para la promoción a cargos de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica.

El fin de semana del 4 y 5 de julio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que de 40 mil 672 personas inscritas a los exámenes, se presentaron 29 mil 831, esto es 73.3 por ciento. ¿Cuántas de las 10 mil personas que no se presentaron no pudieron hacerlo por el despliegue opositor de la CNTE?

Grave es el conjunto de acciones que han impedido el desarrollo del sistema de evaluación, destaca una por su invasión al territorio de los derechos humanos, transgrediendo la dignidad de las personas: el 4 de julio miembros de la sección 7 de la CNTE en Chiapas retuvieron al menos a seis maestras y maestros que se presentaron a las pruebas, los insultaron, los sometieron y les cortaron el cabello.

La falta que según ellos castigaban era que estos maestros y maestras querían aplicar a los cargos que estaban en concurso.

Los docentes agraviados estaban cumpliendo la ley y ateniéndose a ella aspiraban a ascender en sus responsabilidades, puestos e ingresos. Los agraviados actuaban dentro del marco legal, se sometían a las disposiciones de la reforma y estaban dispuestos a ponerse a prueba para lograr una mejora laboral. Intención y conducta irreprochable.

Los agresores se oponen a la ley, sabotean su aplicación, no quieren ser evaluados y no quieren que nadie lo sea. Son los resolutivos de sus asambleas, dicen.

Paradoja de tiempos extraños: quienes quieren cumplir la ley no pueden hacerlo y quienes quieren transgredirla logran sus objetivos impunemente.

Y no lo hacen mediante la manifestación pacífica, sino mediante la violencia, incluso rebasando los límites que hasta ahora se habían marcado.

Es grave porque impiden el libre tránsito de las personas, las privan de su libertad, así sea por unos minutos, las someter y las humillan. El propósito degradante es evidente. Se trata de pisotear los derechos de otros y hacer gala de ello. Se trata de rebajar, deshonrar y avergonzar a los maestros que no piensan como ellos y que trabajan por alcanzar legítimamente sus aspiraciones.

Los derechos humanos al arbitrio de unos cuantos.

La libertad, la dignidad, el derecho a la propia imagen, vulnerados por quienes se han erigido en medida para determinar qué sí y qué no, por encima de la representación popular, el Congreso de la Unión, el Constituyente Permanente que aprobó los términos de la reforma, y del mismo Ejecutivo federal, que debe implementarla.

Este debe ser el límite. No pueden premiarse con impunidad las acciones delictivas.

Una vez alcanzado el grado de la humillación, es previsible que la violencia contra la dignidad y de la integridad aumente, de la misma forma que han escalado la destrucción de inmuebles y la virtual apropiación de espacios públicos.

Hoy es el sometimiento y el rapado forzoso. ¿Qué puede ser mañana?

El corte de cabello, previa privación de la libertad, no es una anécdota ni una broma. Quien piense que lo son cambiará de opinión en cuanto se imagine a sí mismo en esa circunstancia.

Lo ocurrido ese sábado es un aviso que debe poner al Estado en movimiento para impedir más tratos degradantes y ofensivos.

Si la CNTE quiere seguir insistiendo en sus demandas, debe hacerlo en el marco de la ley. De no ser así, aquellos de sus integrantes que sigan violentando el derecho de otros deben ser castigados.

Tiene razón la maestra Nayeli Minjagos, una de las víctimas, quien entre sollozos dijo a las autoridades a través de la prensa: "Ya basta, hagan algo. No es posible que esto continúe."

Aunque tarde, es el momento de marcar claramente que se ha llegado al límite. Dejar que se rebase esta línea es exponernos todos a la anarquía y al desdén por los derechos de todos. Es inimaginable el desarrollo político y económico de un país si la violencia y transgresión a la ley permanecen impunes.

* Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos. Twitter: @Mfarahg