Articulista Invitado

Tortura, ineficacia e impunidad

La tortura amenaza a los inocentes, porque en cualquier momento puede convertirlos en culpables mediante sus feroces tratamientos.

Eduardo Galeano


El 26 de junio ha sido establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. La conmemoración sirve para evidenciar que en México la tortura es un fenómeno presente y una práctica generalizada, vigente, entre otras causas, por la impunidad institucional que la acompaña.

La tortura como acto de poder es una práctica desarrollada a lo largo de varios siglos. A través del control del cuerpo y del sometimiento de la voluntad se busca que la persona torturada quede sometida a la determinación del torturador. La tortura tiene múltiples vertientes, pero es en el campo penal donde sus efectos son más palpables y donde se puede observar una utilización sistemática en nuestros días: la tortura ha sido empleada en México por décadas para arrancar confesiones autoincriminatorias a personas que no han cometido delito alguno y proyectar así una imagen falsa de eficiencia institucional que investiga y sanciona los delitos. En suma: la tortura es instrumentalizada por el Estado para construir una aparente funcionalidad de nuestro sistema de procuración y administración de justicia.

Recientemente Juan Méndez, relator de Tortura de la ONU, realizó una visita a nuestro país. Los resultados de su investigación dan cuenta del nivel alarmante que para este organismo especializado tiene esta condenable práctica. El relator señaló que en México la tortura es una práctica “generalizada” y “endémica”. Esto significa que los casos de tortura no son actos aislados ni fallas dentro del sistema de justicia; por el contrario, la tortura es una práctica institucionalizada y practicada reiteradamente por los agentes del Estado: policías, ministerios públicos y jueces tienen participación y responsabilidad en la vigencia de tortura. La tortura es funcional para obtener sentencias condenatorias y no genera responsabilidad alguna a sus perpetradores; este es un poderoso aliciente para su mantenimiento.

Un ejemplo de ello es el caso de Israel Arzate Meléndez, falsamente acusado de haber participado en 2010 en la Masacre de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua. El Centro Prodh acompañó su caso y en noviembre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su liberación inmediata, porque la única prueba en su contra era la declaración obtenida después de días de tortura en instalaciones militares. La Corte hizo lo que no pudieron realizar ni la fiscalía ni los jueces de Chihuahua del nuevo sistema de justicia penal: impedir que una persona inocente fuera responsabilizada de delitos que no cometió. Asimismo, estableció criterios que pueden ayudar a consolidar el nuevo sistema de justicia penal de carácter acusatorio, adversarial y oral, que será vigente en todo el país en 2016 y que ha demostrado ser incapaz de desterrar la práctica de la tortura y favorecer una trasformación estructural del sistema penal.

El informe de Juan Méndez también devela que la tortura es una práctica arraigada en México por la aceptación social que tiene. La “endemia”, como la llamó el relator, consiste en la normalización de la tortura, en verla como un acto cotidiano, irrelevante y ajeno a nuestras vidas y, en el extremo de esta postura, aceptar el discurso de “mano dura” y de medidas drásticas a las que apela el Estado en la lucha contra la delincuencia organizada. Tanto la administración federal pasada como la de Enrique Peña han insistido en la falsa disyuntiva de flexibilizar la vigencia de los derechos humanos en aras de adquirir la tan ansiada seguridad. Resulta muy preocupante que parte de la sociedad esté de acuerdo en ceder derechos por seguridad.

Sin embargo, es importante destacar que el consentimiento social a la tortura no favorece que se pueda alcanzar un Estado de bienestar y de seguridad en nuestro país. Por el contrario, cuando la sociedad consiente actos como la tortura se coloca en situación de vulnerabilidad: “Tortura a un hombre y dirá lo que sea” es uno de los mensajes de la campaña #StopTortura de Amnistía Internacional, y en perspectiva macro cabría afirmar: sociedad que tolera la tortura se condena a sí misma.

La sociedad debe ser consciente de la gravedad de la tortura. Detrás de cada persona torturada hay una vida destruida. Desde el Centro Prodh hemos decidido por acompañar a esos rostros concretos: Israel Arzate, Claudia Medina, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel son algunas de las personas que han siso defendidas a lo largo de 25 años. Al caminar con ellos hemos asumido el compromiso de combatir todas las formas de tortura en nuestro país y de buscar las modificaciones estructurales que permitan que ninguna persona inocente más sea condenada.

Este día internacional nos suma a la exigencia de que el Estado procese y sancione a los responsables de la tortura, rompiendo el ciclo de impunidad, y repare a las víctimas de la misma, asignaturas pendientes de ser realidad en nuestro país.

*Subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.