La ciudades como territorio de la política

La dialéctica del mundo contemporáneo nos antepone inevitable y afortunadamente nuestras propias contradicciones para ser resueltas.

Algunos geógrafos y sociólogos urbanos suelen decir que las ciudades son territorios en los que se ejerce el poder público y privado y donde la arquitectura y el urbanismo son instrumentos del poder (Montaner, 2014), mostrando sus alarmantes contrastes. Es decir, las ciudades como espacios de profundas desigualdades sociales y económicas y graves problemas ambientales, en donde se contrastan escenas  de acumulación de la riqueza y de extrema pobreza, ante un discurso político ajeno a la realidad.

En las ciudades viven actualmente más del 60 por ciento de la población mundial y en el 2030, en tan sólo 16 años, serán habitadas por tres cuartas partes de ella. Las ciudades son ya y serán los espacios donde se pone en juego la pervivencia sostenible del planeta y la nueva geografía geopolítica y comercial global.

La implementación de políticas públicas para orientar la sostenibilidad de las ciudades y conciliar los intereses públicos y privados, haciendo prevalecer los primeros, es fundamental. Más allá de las luchas electorales por el poder,  las políticas públicas son un recurso vital sin el cual es imposible cambiar las profundas desigualdades sociales, generar mayores oportunidades y mejorar ambientalmente el espacio público. En otras palabras, lo que se ha hecho, lo que se ha dejado de hacer o lo que se hará, abrirá o cerrará las puertas de un futuro urbano más sostenible.

Hacer o dejar de hacer tiene consecuencias positivas o negativas. Seguir haciendo las cosas con visión de corto plazo  es miope e irresponsable; dejar de hacer por comodidad o cálculo de riesgos político-electorales, conlleva el incumplimiento del mandato público que tarde o temprano cobrará la factura electoral.

Los tiempos actuales requieren de políticos y de políticas públicas que asuman el riesgo. El riesgo de la impopularidad temporal y de la incomprensión o el rechazo de grupos políticos y económicos que están acostumbrados a influenciar o determinar el rumbo de las políticas públicas, en muchas ocasiones, sin la mínima responsabilidad social que suelen argumentar.

Los políticos y la política pública que demanda el siglo XXI es al mismo tiempo de responsabilidad y corresponsabilidad, de inteligencia técnica y racionalidad científica, de transparencia y rendición de cuentas, de participación  social incluyente y proactiva, y de generación de espacios de acuerdo y consenso que vayan más allá del voto democrático, pues éste suele dejar de lado el derecho que asiente a las mal denominadas minorías. Numerosas políticas públicas y programas de gobierno se han desarrollado mal o han quedado en el papel cuando enfrentan el poder económico o cuando las ataduras del corporativismo persistente, evitan a toda costa cualquier cambio que afecte su estatus de privilegios o beneficios grupales y personales. Sin embargo, cuando una política pública es fuerte, cimbra desde sus cimientos más profundos la estructura fáctica y clientelar, dando lugar progresiva o contundentemente al cambio; cuando no lo es, simplemente mantiene las cosas como están con algunas acciones que no calan hondo en la situación actual, postergando las cosas para un mejor tiempo donde no haya tanto riesgo político.

Sin eficiencia y eficacia, y sin riesgo, la política pública es letra muerta. Incapaz de cambiar el estado de cosas, ante los años de corrupción y estancamiento. Sin embargo, cuando por lo contrario es efectiva, es capaz de modificar en el corto, mediano y largo plazo las inequidades e irregularidades, dando un golpe de timón oportuno al camino inercialmente prevaleciente.

Cuando hay una buena política pública, los mismos ciudadanos y políticos terminan por percibir los cambios sociales, económicos y ambientales de sus acciones, sorprendiéndose de sus resultados. Los políticos después de una temporal crisis, recuperan su popularidad y credibilidad, y los ciudadanos terminan por hacer suyas las políticas públicas garantizando su continuidad y adaptabilidad futura, ante las limitantes que impone el ejercicio temporal del poder público, en el mejor de los casos.

Después de años autoritarismo y exclusión política, la participación social se ha convertido en la palanca capaz de mover el cambio en el sentido social, económico y ambiental, pues la mano invisible del mercado todavía sostenida por muchos economistas anquilosados en Adam Smith será incapaz de lograr la redistribución de la riqueza.

La Sociedad y el Estado deben convertirse en agentes de la transformación del cambio para regresar la calidad de vida a nuestras ciudades, y hacerlas mejores lugares para vivir. El Estado debe esforzarse por hacer a un lado las contradicciones entre el discurso y los hechos, y los ciudadanos debemos participar proactivamente sin paternalismos en los cambios que exigen desde nuestro propio hábitat. 

La dialéctica del mundo contemporáneo nos antepone inevitable y afortunadamente nuestras propias contradicciones para ser resueltas. Evitemos el dicho popular “Hágase la voluntad del señor en la yunta de mi compadre” y asumamos el riesgo ciudadanos y gobierno, pues de no ser así los niveles de pobreza, inequidad, criminalidad, corrupción e inseguridad crecerán. Tenemos ante nosotros la disyuntiva entre ser espectadores de la decadencia o actores de la transformación urbana. Los ciudadanos y los políticos tienen la palabra.

mario.cordova@milenio.com