Pacto Ciudadano por una Movilidad Sustentable


Los cambios para mejorar la calidad de vida en las ciudades requieren de amplios consensos ciudadanos y de la urgencia por modificar situaciones actuales y futuras insostenibles. La expansión desmedida e irracional de nuestras ciudades y su automovilidad, han puesto al borde del colapso su movilidad y accesibilidad, generando graves problemas sociales, económicos y ambientales. Las principales ciudades de México y de nuestro Estado, y particularmente el Área Metropolitana de Guadalajara, ya manifiestan las consecuencias del deterioro producido por un crecimiento urbano desordenado y expansivo, basado en una movilidad altamente dependiente del automóvil. Las enfermedades y la mortalidad causada directa o indirectamente por los accidentes viales, la contaminación del aire y el ruido se han convertido en un tema fundamental de seguridad y salud pública; la fragmentación, la inaccesibilidad urbana y la escasez de espacios públicos son un tema toral de la equidad social; el alto consumo energético no renovable -no obstante el escenario de escasez y encarecimiento de los combustibles- ha incrementado la emisión  de gases efecto invernadero causantes del cambio climático global y local; las deseconomías de escala y el endeudamiento público en infraestructura para el transporte, hacen insostenible su desarrollo y crecimiento; en tanto la competitividad económica urbana disminuye significativamente, ante la pérdida diaria de millones de horas de gran valor productivo y social derivadas del congestionamiento vial.

Muchos ciudadanos de diversas partes del mundo ya se han dado cuenta de la gravedad e insostenibilidad de todo esto, emprendiendo el camino de la transformación. Desde finales de los años noventa del siglo pasado se registraron buenas prácticas de coparticipación ciudadana, la de mayor resonancia hasta el momento sigue siendo el “Pacto de Movilidad de Barcelona” impulsado por Joan Clos i Matheu, alcalde de esta ciudad del año 1998 al 2006, y actualmente director ejecutivo de ONU-HABITAT. El objetivo principal de este pacto fue lograr un espacio de consenso y voluntad ciudadana para establecer acuerdos comunes sobre movilidad urbana y transporte, acordando acciones bajo los siguientes principios fundamentales: Derecho a la movilidad, Sustentabilidad,  Racionalidad en el uso del automóvil, Cultura vial incluyente, Seguridad vial y Normas básicas de convivencia social y mejoramiento ambiental. La movilidad sustentable o sostenible –como dicen los españoles-, ha sido objeto de sucesivos pactos en diversas ciudades, como lo fue el pacto ciudadano de la ciudad de Vitoria-Gasteiz al norte de España, el cual de manera clara señala: “la movilidad sostenible debe al menos propiciar una movilidad menos peligrosa para la salud de la población, menos dañina para el medio ambiente y con el menor uso de recursos naturales, debe ser más equitativa y suficiente para satisfacer las necesidades de todos y todas, sin discriminación de edad, renta, condición física o psíquica y género, debe ser más eficiente económicamente, y más integrada al tejido urbano preservando sus cualidades.”

En nuestro contexto hispanoamericano, además de estos aspectos de aplicación universal sin distingo de condiciones geográficas y culturales, el  derecho a la movilidad y el principio de sustentabilidad son conceptos que al llevarlos a la práctica suelen ser objeto de distorsiones o manipulaciones académicas y políticas, lo más importante es que estos principios sean acordados entre instituciones y ciudadanos. El derecho a la movilidad en un principio ético y legal fundamental para una convivencia social equitativa, justa e incluyente sin discriminación humana de ninguna índole, y más aún con connotaciones de preferencia y prioridad que protegen a la población más vulnerable. Por su parte, hablar de sustentabilidad en movilidad y transporte, es referirse entre muchos otros aspectos principalmente a: la circulación compartida preferente de los medios no motorizados y el transporte público sobre el transporte privado; la proximidad territorial por medios no motorizados en sus diferentes escalas vecinales, barriales y distritales; la accesibilidad universal en medios de transporte y espacios públicos y privados, generadora de un territorio incluyente; espacios de circulación y accesibilidad seguros, y una cultura vial que respete los derechos a la movilidad del peatón, el ciclista, el usuario y  el conductor del transporte público; la consolidación  del territorio como territorio en red configurado nodalmente, donde la combinación inteligente de usos del territorio planificada, propicie ciudades más cercanas, menos difusas y más equitativas; la reducción de emisiones contaminantes mediante el ahorro energético y el uso de modos alternativos de movilidad; la configuración de sistemas integrados de transporte público multimodales e intermodales, disuasivos del automóvil; a zonas de accesibilidad preferencial, redes peatonales y ciclistas, y sistemas de transporte público personal denominados Bici pública; la inversión económicamente factible y sostenible de los sistemas de transporte integrados. Los problemas de la movilidad y el transporte de personas, bienes y servicios en las diferentes escalas territoriales se han convertido en dos temas insoslayables en  el presente y futuro de nuestras ciudades. No son temas simplemente de infraestructura o debates infructuosos entre modalidades de transporte, son temas que conllevan en sí mismos la gestión de la calidad de vida urbana y su sustentabilidad, cuya transformación dependerá de una corresponsabilidad y visión compartida entre ciudadanos  e instituciones. En un contexto público donde las divergencias y convergencias han prevalecido sobre los acuerdos, y los intereses privados suelen sobreponerse a los intereses públicos, resulta pertinente encontrar una salida sustentada en el paradigma de movilidad y transporte sustentable, vinculado al ordenamiento territorial, a  la calidad de vida, la prosperidad económica y la equidad social.  La corresponsabilidad debe superar el discurso de los reclamos y desacuerdos a través de la construcción creativa de espacios de conceso y transformación, donde los principios éticos y las políticas públicas marquen el nuevo rumbo.

A pesar de que muchos ciudadanos de diferentes condiciones sociales y económicas todavía son escépticos y se resisten a reconocer que sus identidades móviles son contraproducentes, un pacto ciudadano por la movilidad sustentable puede ser el punto de reflexión y decisión que  todos necesitamos.  

mario.cordova@milenio.com