Hacia una vivienda social prioritaria

Apropósito de que hoy se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, la ONU da sentido expreso para exhortar a los países miembros a garantizar protección social, diálogo, así como los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

Así, se ha reconocido el derecho del hombre a la propiedad. Un estudio comparativo con otros países permite constatar que las bases jurídicas de México comprenden los elementos necesarios para promover la vivienda hacia dimensiones superiores de su desenvolvimiento.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 establece políticas públicas en la materia, que se apoyan en tres ejes fundamentales: libertad, democracia y justicia social, con los cuales se busca hacer efectivas las premisas constitucionales que amparan y protegen a los mexicanos de tener acceso a una vivienda digna, decorosa, de calidad y sustentable.

Es preciso, entonces, concordar las leyes con el nuevo modelo de políticas públicas en la materia, para que el marco jurídico sea un instrumento eficaz que facilite su desarrollo, ejecución y consolidación.

Igualmente, resulta fundamental ajustar la normatividad en materia de vivienda, para vincular los programas de los Estados y Municipios con el Programa Nacional de Vivienda. Para ello, se deben establecer instrumentos que garanticen una auténtica concurrencia; congruencia y complementariedad, entre los programas y acciones de los tres niveles de gobierno. Además, atribuir obligaciones a los gobiernos de los estados, para que cumplan y exijan a su vez el cumplimiento a los municipios.

Bajo estas premisas, considero necesario promover reformas al marco jurídico de vivienda y de asentamientos humanos, para incorporar la figura de Vivienda Social Prioritaria, la cual tiene como finalidad dar acceso a la vivienda a los grupos más vulnerables.

Con este modelo se entenderá como grupos vulnerables a quienes se encuentren en condiciones de pobreza extrema, hayan sido afectados por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias; se encuentren en zonas de alto riesgo, sean jefas de familia, personas con discapacidad y adultos mayores, entre otros.

La trascendencia de la Vivienda Social Prioritaria radica en su fin: otorgar vivienda a las personas que todos los días trabajan y se esfuerzan por salir adelante, pero que por su situación de vulnerabilidad, se encuentran imposibilitados para acceder a una vivienda digna y decorosa.

De esta manera, se sientan las bases para lograr la plena vigencia del derecho a la vivienda.