La gran reforma

Veinticinco años han trascurrido desde la celebración de la Convención sobre los Derechos del Niño que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, misma que fue ratificada por México en 1990.

Al respecto, vale la pena hacer énfasis que los avances desde la celebración de la convención fueron minúsculos; sin embargo, hoy las bondades de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada recientemente, sin duda, aportan un giro sustancial en la materia.

Inicialmente se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios que dispone el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Instaura principios rectores para la atención de niñas, niños y adolescentes. Expresa la prohibición de contraer matrimonio antes de los 18 años y prohíbe el trabajo antes de los quince años de edad.

Se establecen medidas para prevenir el embarazo de las niñas y las adolescentes. Incluye la Igualdad Sustantiva. Crea el Derecho a la Inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

También, el Derecho a la Identidad, expresando que los menores deben de ser inscritos en el Registro Civil de forma inmediata y gratuita. Los Derechos a la Libertad de Expresión y de Acceso a la Información.

Se crea un Sistema Nacional de Protección Integral al más alto nivel encabezado por el Presidente de la República. Expresa la conformación de un sistema de información a nivel nacional, con el objeto de contar con datos desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país.

Se garantizará la participación de los sectores público, social y privado y de la sociedad civil en la definición e instrumentación de políticas para la garantía y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Se instaura la Secretaria Ejecutiva como órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Gobernación; los Sistemas de Protección Locales; las Procuradurías de Protección, para una efectiva protección de niñas, niños y adolescentes; así como el Programa Nacional y los Programas Locales.

En la Ley se decreta la obligación de autoridades de la Federación, Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como a la Cámara de Diputados, Congresos Locales, asignar presupuestos para el cumplimiento de la Ley.