Y después de La Gran Familia

México ha seguido con asombro y preocupación el caso del albergue para niñas y niños de la ciudad de Zamora, Michoacán, que se encuentra en el centro de todas las miradas, "La Gran Familia, A.C", donde más de 550 personas, entre ellas niñas y niños, fueron rescatados de condiciones inhumanas, insalubres o de esclavitud.

¿Cuántas instituciones más están en la misma situación? ¿Hay mecanismos de Inspección? ¿Contamos con una certificación de operatividad? ¿Existen protocolos de asistencia? ¿Cómo garantizan el acceso a la salud? ¿Cuentan con personas sensibilizadas y capacitadas en atención y asistencia social?

Desde 2006, el Estado mexicano recibió una serie de recomendaciones para fortalecer el trabajo institucional y legal que protejan los derechos humanos de niñas y niños. El Comité de los Derechos del Niños de la Organización de las Naciones Unidas instó al Estado mexicano a "que se asegure de que todas las leyes estatales sean compatibles con las leyes federales, en particular, la Ley para la protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes de 2000, y que todos los estados apliquen, como cuestión prioritaria, las reformas administrativas institucionales necesarias".

Si bien es cierto, que los espacios de cuidados alternativos no son los espacios ideales para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, también lo es que estos deben de contar con supervisión y vigilancia institucional, certificación, protocolos de atención y capacitación adecuada del personal, para evitar que la población infantil sufra de cualquier tipo de violencia, maltrato o estigma social; siempre garantizando y protegiendo el interés superior de la infancia.

Sin embargo, en México aún no hay una estructura especializada que recoja todas las recomendaciones y estándares internacionales aplicables a los servicios de asistencia social y protección a los derechos humanos, específicamente para niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe: "El derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado Alternativo, poniendo fin a la institucionalización en las Américas", deja en evidencia la necesidad urgente e inaplazable de regular el funcionamiento de las instituciones de acogimiento tanto de carácter público como privado, y recomienda, entre otras, el regular la habilitación, autorización de funcionamiento y registro administrativo, los estándares de prestación del servicio; los mecanismos de supervisión y control y los principios rectores, a través de una norma especializada que certifique el funcionamiento, que no sólo esté vigente para la autorización, sino durante todo el periodo de la prestación del servicio.