Derechos de la infancia y desafíos

Durante el análisis de la Iniciativa Preferente del presidente Enrique Peña Nieto, que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, comenté –durante las audiencias públicas en el Senado de la República que la urgencia de hablar del tema radica en poder actuar en equidad e igualdad en cuanto a la protección de los pequeños, incluso desde el momento del embarazo; hoy prevenir la muerte de neonatos es prioridad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda trabajar en fortalecer el papel de los sistemas de salud para abordar la violencia interpersonal a través de una respuesta multisectorial, particularmente contra mujeres, niñas y niños.

A pesar de ser un derecho fundamental, todavía estamos en el abordaje y la señalización los mínimos y los máximos en materia del derecho a la salud.

Desafortunadamente tenemos niños y adolescentes que tienen seguridad social, otros que tienen seguro popular y otros que no tiene acceso a los servicios de salud y, por ello mismo, no se tiene tampoco un modelo de atención específico, no hay un modelo de atención estandarizado en nuestro país y, tampoco, el número de intervenciones que se otorgan para ellos es el mismo.

En este camino de construcción y transformación, creo muy oportuno abordar el asunto de los grandes retos de la salud en los adolescentes como: el embarazo, el estrés, la depresión y, por supuesto, el suicidio que –por cierto– en razón de su reciente celebración internacional, el suicidio sigue siendo una de las principales amenazas para el sector juvenil a nivel mundial.

Entre los aspectos más importantes que contempla esta iniciativa en relación al derecho de la protección de la salud y seguridad social, se enumeran acciones concretas para salvaguardar la integridad personal de la niñez como el combate a la desnutrición y trastornos de conductas alimentarias, así como medidas tendientes a prevenir embarazos a temprana edad, asesoría y orientación en materia de sexualidad. Prohíbe la esterilización obligatoria de niñas, niños y adolescentes por motivo de discapacidad.

Si bien es una Ley que recoge los compromisos Internacionales, todavía quedan retos importantes que cumplir, como por ejemplo: la vinculación interinstitucional a través de un sistema de salud conlleva el desafío de que todas las autoridades participen activamente en salvaguardar los objetivos de la ley en la materia, así como que los acuerdos generados sean de carácter obligatorio y aplicable a través de plazos o indicadores de seguimiento y resultados.