Derecho a la ciudad

Ayer inició el Foro Iberoamericano de Ciudades en Veracruz, marco en el que compartiremos, con expertos de ciudades iberoamericanas, ideas con el ánimo de intercambiar ideas y plantear mejores prácticas con miras al desarrollo de modelos de ciudades que generen calidad de vida y servicios para los ciudadanos.

El futuro de Latinoamérica se construye en las ciudades -como dice Tomás Vera director de este foro-, y que más de 80 por ciento de las personas del continente viven en las ciudades, es el lugar justamente al que se apuesta este debate.

El derecho a la ciudad pretende combatir las desigualdades resultantes de un proceso acelerado de urbanización sin planeación urbana. En México, 75 por ciento del uso de suelo corresponde al uso de vivienda. Es uno de los principales activos que forman el patrimonio de las familias.

Las tendencias demográficas, económicas y sociales apuntan a que las ciudades seguirán siendo el foco de concentración poblacional, de actividades productivas y valores económicos a pesar de que el dinamismo de su crecimiento poblacional baje. En un contexto de alto nivel de urbanización el desarrollo sustentable en México y América Latina está íntimamente ligado a la vivienda.

La demanda de vivienda y las manchas urbanas crecen continuamente y su desarrollo debe incorporarse a una política integradora que permita un desarrollo equilibrado, que garantice sustentabilidad y la mejora continua de la calidad de vida de sus habitantes.

De la misma forma, la construcción de vivienda tiene un impacto positivo en múltiples sectores y actividades productivas generando más de 3.5 millones de empleos directos, y el doble de indirectos, dinamiza la industria y el comercio ya que impacta en 37 ramas de las 42 de la economía nacional.

La política nacional de vivienda esté enfocada a diversas acciones que se puedan integrar tanto en ambientes urbanos como en vivienda, inclusive como modelo a nivel mundial, y que permita garantizar, de pleno derecho, todos los beneficios que otorga la constitución.

Para robustecer las nuevas políticas de vivienda y esfuerzos en esta materia que realiza el gobierno federal, desde el Senado trabajamos en desarrollar instrumentos y mecanismos, específicamente una Ley General de Vivienda, para crear una mayor vinculación, de los tres órdenes de gobierno, con los sectores social y privado para consolidar una sola visión sobre la política pública de vivienda sustentable en el país.