La responsabilidad compartida ante actos de corrupción

Pobre México: nuevamente exhibido ante el mundo como un país donde florece la corrupción.

Los casos de los “gobernadores” de Veracruz y Sonora han pegado fuerte en la conciencia nacional, tema favorito de los columnistas solamente superado en espacios por el caso Trump y su impensable arribo a la presidencia de los Estados Unidos.

Tamaulipas no está exento de aparecer negativamente en los medios y en la voz popular, en cuanto que han egresado del gobierno estatal personajes que cuando arribaban  a eventos masivos, eran recibidos con aplausos y de pie, como si se tratara de los salvadores de la Patria. Quienes así  reaccionaron, deberían sentirse avergonzados… además de traicionados cuando en ellos depositaron su confianza.

Pero la responsabilidad del mal despeño de los gobernadores no es sólo de ellos; no es posible lavarse las manos o esconderse tras el biombo o el silencio.

En primer lugar, son co-responsables del pésimo comportamiento de los gobernadores quienes votaron por ellos, pues quizá lo hicieron por costumbre o buena fe, pero sin estar absolutamente seguros de su probidad.

También son responsables quienes formaron el equipo de trabajo durante cada sexenio,  los más cercanos al poder: los secretarios, especialmente quienes tenían qué ver con las finanzas, la auditoria, el general de gobierno y demás. Pero también los diputados, que aprobaban el manejo discrecional del dinero. Es seguro que conocían de malos manejos pero nadie informó de ello y mucho menos, tuvieron el valor de renunciar. En este país, nadie renuncia, como sucede en países europeos ante la menor desviación propia o del jefe máximo.

Los familiares no están exentos de culpa; una esposa bien nacida con hijos o parientes responsables, no aceptan una milagrosa fortuna de la cual participan, sin indagar.

Quien conoce de algún delito y no lo denuncia, se vuelve cómplice, dice el Código Penal; en este caso, hay cientos de personas que callaron a sabiendas, con tal de conservar el empleo o la posición de privilegio. Ello los lleva al cinismo en la política, además de desvirtuar el concepto que es el servir, y no llevarse  millones que pertenecen al pueblo. Con todo y esa riqueza mal habida, qué desprestigio para el ejercicio de la política. Se requieren varios sexenios para lavar la mancha… y cárcel a todos los beneficiarios.