¿Qué hacer ante la desaparición de personas?

El Estado ha mostrado una gran debilidad al no prever en la legislación, sus deberes con la sociedad ante casos de la desaparición de personas.

No cuenta con un sistema de investigación para resolver delitos, y mucho menos, para el que e configura con la desaparición forzada de personas. ¿Qué diferencia hay entre esta figura y  el secuestro?, la controversia para definir qué tipo de delito se comete surge por el nivel de responsabilidad con las que se tendrán que enfrentar quienes estén a cargo de las investigaciones.

Los organismos defensores de los derechos humanos del país e internacionales, afirman que no existen protocolos para buscar a personas desaparecidas; la ausencia de estrategias de investigación y búsqueda lleva a que las indagatorias se orienten hacia un sentido que ha demostrado ya  su ineficacia.

El enfrentamiento iniciado en 2006 contra la delincuencia organizada, demostró que se carecía de normas, estrategia  estructura y tecnología para hacer frente a los hechos. No se previó la multiplicación de las desapariciones  forzadas de personas  y cómo enfrentarse a ellas; no fue capaz el gobierno federal de dimensionar los alcances del  llamado combate a la delincuencia ni la estructura para afrontar una consecuencia, como es la desaparición.

¿Qué hace la autoridad ante la denuncia de una desaparición de este tipo?  Promete que se va a investigar, pero en la realidad no hace nada, porque carece de recursos pero sobre todo, de voluntad. Si se trata de una joven, a veces contesta con sarcasmo ante la angustia de los padres que “probablemente se fue con el novio”.  Luego hay que dejar pasar 3 días para declarar  legalmente la desaparición, pero el resultado es el mismo.

Una valiente madre de un joven desaparecido en la ciudad de México, tuvo que investigar por su cuenta y riesgo el paradero de su hijo; incluso instaló anuncios espectaculares y se valió de cuanto medio estuvo a su alcance para dar con él. Hizo la labor de un ministerio público mientras quien tenía esa función, leía cómodamente la prensa en su oficina. La sociedad civil utiliza los medios electrónicos para difundir el caso de la desaparición de un familiar, generalmente hijos, y  por su iniciativa sale  a la calle con fotografías y datos de la persona, suplicando alguien le informe sobre el paradero. 

 Estos casos conocidos y otros no, revelan la pobreza del Estado para atender a los ciudadanos en crisis emocional; cuando se da atención especializada, es porque los solicitantes de auxilio también son especiales: un alto funcionario o empresario, alguna persona notable en la comunidad. Los demás caemos en el segmento de “prole”, como ya nos calificó una hija de su papá, que cayó del ladrillo estrepitosamente.

Ante este panorama, urge que la Procuraduría General del la República se asuma tras una reforma constitucional, como una Fiscalía General, para lograr enfrentar al fenómeno que se comenta con mayores y eficaces recursos; ya son miles de personas desaparecidas y sin visos de conocer la más leve señal de su paradero. Se presume la muerte, pero legalmente no se puede fundamentar a falta de identificación pericial.

Por varias regiones de nuestro país han estado brotando como una epidemia, los casos de secuestros y desapariciones,  pero el Estado todavía no reacciona. Las reformas constitucionales no pueden seguir  en espera porque el crimen como una plaga, se difunde ante la ausencia de su combate. La legislación, regularmente, va rezagada ante los hechos reales  que demandan  su actualización.