Por fin… la Ley Anticorrupción

Después de años de deliberaciones, acuerdos, alianzas y condiciones, las comisiones unidas de Gobernación, Estudios Legislativos y Anticorrupción y de Participación Ciudadana aprobaron este mes de abril por mayoría,  la reforma que crea el sistema nacional anticorrupción.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García, expuso que con esa reforma se crea una nueva estructura que tendrá que ser cohesionada con la participación de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, incluso la Suprema Corte de Justicia, a través del Consejo de la Judicatura Federal, en el combate a la corrupción.

En esa  estructura participará también el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, ciudadanos y el IFAI. De esta reforma se podrían derivar entre 10 o 12 leyes generales para fortalecer el sistema nacional anticorrupción.

La ley contempla auditar a todas las instituciones que reciben dinero del erario, como es el caso de las universidades que defienden su autonomía como excusa, para no dar cuentas del manejo del patrimonio de origen público que se esfuma misteriosamente en un “pa’ti, pa’mi” .

Quedan pendientes en esta reforma temas como eliminación del fuero a todos los servidores públicos, incluido el Presidente de la República.

Asimismo, la incorporación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en su opinión dos instituciones clave del sistema hacendario.

Establecer en la reforma el conflicto de interés de funcionarios, publicidad de declaraciones patrimoniales, Servicio Civil de Carrera, responsabilidad penal de personas morales involucradas en actos de corrupción, eliminación de uso de dinero en efectivo en actividades gubernamentales y campañas políticas, entre otros, puntualizó.

La Ley Anticorrupción largamente esperada por la sociedad puede clarificar el sospechoso caso FICREA, la Línea 12 del Metro o la relación de contratistas con funcionarios que puede desembocar en un intercambio de favores cuya ilegalidad es manifiesta.

¿Se acabarán los señores del 10 por ciento (mínimo)?, ¿Y las licitaciones previamente arregladas y empaquetadas con información preferente al amigo?

¿El  tráfico de influencias y el famoso “pónganme donde hay”?