Fin de los monopolios estatales y el fracaso gubernamental

Con la visita del presidente Peña Nieto a los Estados Unidos para afirmar que México pasa por una transición energética que permitirá romper los monopolios estatales de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, se abre la puerta a unas treinta empresas trasnacionales dispuestas a invertir en el sector energético mexicano.

Con esa determinación se evidencia el fracaso de  nuestros gobiernos en materia energética, prácticamente desde las expropiaciones cardenista y lopezmateista, al darle un contenido populista y no empresarial, visualizando a ambas instituciones como corporaciones político-electorales con el fracaso que va implícito en esas decisiones. 

México posee grandes hidroeléctricas y otras fuentes de energía, petróleo en reservas probada con suficiencia pero en ellas se advierte déficit y deudas imposibles, comprando gasolina y el 75% de gas natural para su onerosa reventa, pero ni así se supera el punto de equilibrio. Desde el próximo  marzo las empresas privadas podrán importar libremente gasolina y diésel, lo que permitirá la proliferación de gasolineras de marcas extranjeras en el territorio nacional. El precio estará homologado, pero el consumidor preferirá los productos importados en base a la calidad y a que venderán litros de a litro, como en Texas, en donde cuesta… ¡la mitad!  Ciertamente el  gobierno ha encarecido artificialmente los combustibles para compensar la caída de la renta petrolera, afectada coyunturalmente por el desplome de los precios internacionales, pero también –y de modo permanente– por la transferencia de utilidades del Estado a las empresas particulares, mexicanas o foráneas, que hoy se llevan ganancias que antes de la reforma energética peñista ingresaban a las arcas públicas.

Con ello y el inocultable desmantelamiento de Pemex realizado desde el poder público en sexenios recientes –y cuya más reciente expresión es el brutal recorte al presupuesto de la antigua paraestatal– ha traído en consecuencia una grave caída de la producción petrolera nacional.

Los analistas no ven claro cómo todo este fenómeno del cambio puede llegar a favorecer a los consumidores de energéticos, al observar que el gobierno tendrá que sacar de algún lado los recursos que antes obtenía de Pemex, y no parece haber otra vía a la vista que un impuesto a los combustibles. Así pues, no es claro cómo la privatización de la industria petrolera en todos sus segmentos –desde la prospección hasta los expendios de gasolina– podría incidir en una reducción de los precios.