Voces Ibero

El abogado y la ética profesional

Recientemente tuve la oportunidad de moderar una mesa de ponencias realizada por investigadores y maestros de diferentes escuelas y facultades de derecho en América Latina durante Congreso de Educación Jurídica 2017, organizado anualmente por el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho mejor conocido como el CEEAD.

El tema de las ponencias se centró en cómo mejorar la enseñanza de la deontología jurídica, disciplina que consiste en el estudio de los deberes éticos que tenemos los abogados. Los ponentes plantearon problemáticas tales como si es posible determinar referencias que nos permitan calificar a un abogado como bueno o malo, si es factible el aprendizaje de valores e incluso si ello puede garantizar que a su egreso el estudiante efectivamente los aplique.

Según los datos que proporciona el CEEAD, actualmente en nuestro país existen mil setecientos setenta universidades que ofertan la licenciatura en derecho, de las cuales la gran mayoría incluye el estudio de la deontología jurídica como materia obligatoria en sus planes de estudios. Desafortunadamente, el contenido de esta materia no se encuentra homologado en todas ellas esto conlleva que la reflexión que hace el alumno de la dimensión moral y la función social que implica el ejercicio de su profesión, está sujeto a la interpretación del maestro que la imparte.

Aunado a lo anterior, no existe en nuestro país un órgano regulador que se encargue de sancionar al abogado que falte a estos deberes éticos en su ejercicio profesional.

De ahí la iniciativa de la reforma constitucional presentada ante el senado que propone la colegiación obligatoria que establece la certificación no solo de los licenciados en derecho sino de todos las profesiones que guarden relación con la vida, la salud, la libertad y el patrimonio de las personas.

La propuesta de la reforma establece entre otras cosas otorgar facultades a los colegios de profesionistas para que suspendan temporal o definitivamente a los miembros de su gremio que observen conductas contrarias a la ética profesional. Es indudable la trascendencia del tema, pues la bondad de nuestros litigantes, o mejor dicho la claridad de sus límites éticos y la voluntad de respetarlos, se traducen forzosamente en una mejor procuración y administración de justicia, lo cual es urgente para la construcción del México que todos queremos.