De monstruos y política

Transición, pactos y verdad histórica

A Raúl Álvarez Garín

Si la reforma política busca construir los cimientos de un nuevo régimen o estado de derecho, tiene por necesidad resolver como principio llegar a la verdad histórica de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado.

La huella y evasión a realizar un juicio histórico sobre los responsables del 2 de octubre de 1968, 10 de junio de 1971, la guerra sucia y de cientos (ahora miles) de desaparecidos como resultado de una política de Estado que decidió el camino de la ilegalidad, creando espirales de violencia, pueden dejar intacta la tentación de su repetición en el futuro.

Es por ello que el juicio contra los personajes que desde el poder y la impunidad decidieron usar la fuerza del Estado de manera ilegal, debe ser un punto que se debe llevar a la mesa del Pacto por México, pues su esclarecimiento serviría para establecer las reglas del nuevo sistema político y de justicia. Muchos esfuerzos, de muchos años por esclarecer, tendrían resultados por esta vía inédita que hoy existe en el escenario político mexicano.

No solo es un tema de justicia hacia las víctimas y darle significado a su sacrificio, sino una necesidad histórica y ética sobre el cual debe erigirse un Estado transformado, basado en el acuerdo y la reforma que construyan las principales fuerzas políticas y sociales, comprometidas en la refundación de la República. Impulsar desde la izquierda esta posibilidad, haciendo del uso de la oposición y la identidad programática una fuerza de cambio, es un imperativo ante el peligro de una salida autoritaria promovida por los que desde los poderes de facto o desde el concepto de que el país creerá en ellos, una vez que el país se convierta en escombros.

El Pacto por México es hoy la instancia donde se fabrican las reformas que podrían cambiar o no, transformar o no, en un sentido u otro, al país. Sin el Pacto, el país estaría paralizado como en los últimos 18 años. Así como en el Pacto se discute la naturaleza de las reformas que necesita el país para poder dirimir las diferencias en un estado de democracia y pluralismo, este debe hacerse cargo de lo sucedido en los últimos 45 años y que siguen siendo heridas abiertas que impiden definir la esencia de un nuevo Estado nacional.

Para una reforma política que dé como resultado un sistema democrático, el juicio al uso ilegal de la fuerza del Estado y la reivindicación de las víctimas, así como la condena a los que abusaron de sus atribuciones y ordenaron se ejerciera la tortura, la persecución contra los opositores, las acusaciones falsas, desapariciones y establecieron el terror como política oficial, debe estar en los fundamentos de la reforma política.

Solo el juicio y la verdad histórica podrá cicatrizar lo que perdura en la memoria y que la alternancia de los últimos 12 años no resolvió; sería un acto de reconocimiento a la generación de 1968 y de todos aquellos que sacrificaron su vida por el cambio y la transformación del país.

Fue precisamente el uso ilegal de la fuerza del Estado, la utilización del Ejército, la corrupción endémica de las policías y el abandono de la rectoría de la legalidad, lo que hace que nuevas espirales de violencia surjan en cada etapa. Dañan al país no los pactos entre distintos de cara al país, sino los pactos de triste memoria en México, como el “Pacto de la Ciudadela” donde el supuesto defensor (Victoriano Huerta) que se decía defensor de la institucionalidad, era quién dirigía la conspiración. ¿Existe ya un “Pacto de Bucareli” contra las reformas?

Con base en la necesidad de un debate público de las propuestas de reformas procesadas por las fuerzas políticas y convertidas en ley por el Congreso, existe la necesidad de llegar a la verdad histórica sobre los delitos gubernamentales del pasado y los pactos de facto con el charrismo sindical, el narcotráfico, los provocadores y los monopolios.

Hoy, cuando se discute la necesidad de ciudadanizar el poder y acabar con el imperio del sistema de partidos sobre el Congreso y las grandes decisiones; cuando se promueve llevar a consulta las grandes reformas que significan identidad y sustentabilidad económica, la necesidad de ajustar cuentas con el pasado no es poner pretextos ni condiciones, sino cimentar éticamente los acuerdos.

Para una verdadera transición estructural se requieren: reformas de fondo que garanticen la soberanía económica y política; sustentabilidad financiera del nuevo estado de derecho; juicio claro de lo que nos ha dividido y compromiso nacional contra la ilegalidad y corrupción.

Estamos en ese tiempo y bajo esa necesidad.

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@MarcoRascon