De monstruos y política

¿Golpe militar en México? De República a protectorado

La raíz histórica tiene como punto de partida endémica que las peores guerras en México han sido entre nosotros mismos.

La reforma energética y la violencia están íntimamente relacionadas.

Estamos pasando de un estatus de país miembro de un bloque comercial (Tlcan) a una condición de protectorado colonial. Puerto Rico, como “Estado libre asociado”, tiene hoy más independencia respecto a Estados Unidos que México, y nuestra dependencia es creciente.

Esto implica que hemos perdido no solo soberanía económica, política y judicial, sino también la visión de una seguridad nacional para garantizar la integridad territorial, que nos ha hecho pasar del “Estado fallido” a un Estado tutelado, desintegrado y entregado a la rapiña global.

La raíz histórica de esta situación tiene como punto de partida endémica que las peores guerras en México han sido entre nosotros mismos. Al presidente Enrique Peña Nieto le pasó lo mismo que a Porfirio Díaz en el centenario de la Independencia: cuando querían poner en la agenda nacional un país en jauja se les vino la realidad encima. La espiral de la violencia de nuevo se impone sobre todos los temas.

No se puede llegar al diagnóstico correcto del origen de la violencia cuando queremos buscar las explicaciones con una visión policial y no en la desintegración del Estado nacional con reformas que no lograron unificar al país y —por el contrario— trasladaron las riquezas y potencialidades públicas al poder privado nacional e internacional; fortalecieron los monopolios locales, su proteccionismo y privilegios; porque se han utilizado los medios y sus concesiones públicas al servicio de campañas de odio y desprestigio de críticos y opositores; porque la continuidad de un sistema de partidos cuyas reglas han favorecido la filtración de las organizaciones criminales en los procesos electorales que han permitido comprar candidaturas, gobernantes y legisladores a partir de que ganan los que tienen más dinero en sus campañas.

Esta condición de protectorado o Estado tutelado renuncia a la aspiración republicana cuando nos hemos convertido en la guardia ilegal de las fronteras norteamericanas, utilizando grupos criminales para imponer el terror contra migrantes nacionales o extranjeros en nuestro territorio, pero lo más grave: la incursión directa de agencias y policías de Estados Unidos directamente en operativos policiales en México como el reciente en Guadalajara contra una fábrica clandestina de armamento y que cada vez suceden con mayor frecuencia, ya no de manera clandestina, sino abierta. La violencia y la convocatoria de los extranjeros para hacer justicia abre esa puerta que nos debilita.

Pero lo más grave es que ante un cambio estructural de la propiedad del petróleo y la energía eléctrica, el viejo instinto colonial de “proteger los intereses de sus ciudadanos en el extranjero” y que ha dado justificaciones como la intervención francesa en el siglo XIX abre la posibilidad de que ahora tribunales internacionales decidan que los extranjeros estarán en su derecho de proteger directamente sus bienes y propiedades, ya sea pozos, plataformas, refinerías, plantas generadoras de electricidad, transportes, etcétera.

En el nuevo protectorado que estamos en vías de ser, la legislación electoral autoriza la transferencia de millones de recursos del presupuesto a los monopolios de la comunicación, vía prerrogativas a partidos, abriendo la puerta para que las bandas del narcotráfico y el crimen sigan apoderándose de los municipios, gobiernos locales e instancias de la federación con los resultados como los de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México, que desintegran el Estado nacional.

No hay explicación judicial a la masacre de Iguala, porque el origen de la violencia en México va más allá de los intereses de los mismos protagonistas locales y está provocando la desintegración nacional.

Tras las reformas a la energía, particularmente el petróleo y la electricidad que permitirá la entrada de empresas trasnacionales en México para su explotación, frente a la violencia existente se ha creado una paradoja: la violencia abre la posibilidad de un tutelaje internacional de nuestro sistema de justicia, avalado por críticos y analistas de la sociedad civil, sin ver los peligros e implicaciones de ello, que sentarán un precedente no solo para protegernos de la violencia endémica, sino para justificar la intervención externa en apoyo a intereses trasnacionales.

Por los energéticos que defendemos con nacionalismo —frente a la violencia— estamos pidiendo intervención directa de nuestro sistema de justicia ante la desintegración de la credibilidad de la justicia en México.

¿Está en curso la justificación de un golpe militar en México?

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