Acosada históricamente por pronósticos apocalípticos, amenazada por su tamaño, codiciada por ser la ciudad centenaria imperial, colonial, republicana, intervenida, subordinada y liberada, la Ciudad de México tiene realidades y leyes nuevas que se entrelazan en la lucha por la sobrevivencia, acosada por la naturaleza, los defectos de sus gobiernos y fuerzas políticas, rehén de sus aspiraciones no cumplidas y por quiénes la habitan que la sufren y la quieren.
Desde octubre de 1988 en que se instaló la I Asamblea de Representantes, hasta la víspera de su Asamblea Constituyente, la Ciudad de México ha estado marcada por leyes que la distinguen, pese a no tener derechos plenos dentro de la Federación.
De todas ellas, se distingue una que nació deforme, mal hecha, defectuosa, al servicio de la mediocridad política y los intereses facciosos incapaces de responder a una ciudadanía que parió a sus autores para que la fortalecieran y, por el contrario, la obstruyeron y la subordinan.
La Ley de Participación Ciudadana es la peor ley de la Ciudad de México porque es demagógica, divide, menosprecia y no responde al bien común.
La Ley de Participación Ciudadana fue desde su nacimiento arrebatada a los propios ciudadanos. Nacida bajo la idea de “institucionalizar la participación” que se hizo cultural desde el sismo de 1985 y dio origen al gobierno electo sin leyes ni nada, tenía como tarea sustituir al viejo Consejo Consultivo de la Ciudad en manos del PRI y el regente en turno, pero, por el contrario, fue hecha para amordazarla por su bravía y nobleza, para enfrentar vecinos contra vecinos y dirimir disputas por los territorios. La ley quedó en manos de las delegaciones y sus facciones gobernantes.
La Ley de Participación Ciudadana sobrerregula la participación vecinal, pide a los representantes que trabajen como políticos profesionales, les hace construir en solitario, representantes de manzana, hacer asambleas y consejos, desalienta la participación vecinal y otorga funciones aplastadas por las estructuras partidarias y de gobierno. Han de trabajar sin recursos.
La Ley de Participación Ciudadana divide, no une, y hoy, luego de la división de los partidos gobernantes en PRD y Morena, estos lo han convertido en otro campo de batalla tras apoderarse de la elección Constituyente solo para medir sus fuerzas y desprestigiarse mutuamente.
Las próximas elecciones de representantes vecinales este 4 de septiembre se perfila como un nuevo fraude a la ciudadanía. Esta ley debe ser reformada.
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@MarcoRascon
