A la intemperie

El triunfo tardío de las Udis

Rechazamos aquello que no entendemos —y no es poco lo que no entendemos— por lo que el uso de las Udis ha estado más que limitado.

En abril de 1995, después de que en los primeros tres meses del año la inflación acumulada era de 15% y amenazaba con desbocarse (tan solo en ese mes la inflación alcanzaría 8%), el Banco de México dio a conocer la formación de una unidad de cuenta bajo el nombre de “unidades de inversión” (Udis). Su propósito era crear un instrumento que ayudara a disminuir los problemas que una alta inflación ocasiona tanto para deudores como para los acreedores. La Udi sería simplemente una unidad de cuenta de valor real constante, pero cuyo valor en pesos cambiaría en función del índice de precios. Así, con una paridad 1 a 1 (una Udi igual a un peso), el 4 de abril de ese año nació un instrumento técnico que sería de gran relevancia para evitar que cientos de miles de deudores cayeran en mora al ser presa de un pago adelantado de capital en términos reales, que es lo que sucede, entre otras cosas, en condiciones de inflación acelerada.

Todos, sin embargo, rechazamos lo que no entendemos. Y no es poco lo que no entendemos. Por ello, con el tiempo más de uno se dijo sorprendido porque el valor de la Udi aumentaba con los años, y lo que en un principio se quiso entender como un subsidio, terminó siendo simplemente lo que estaba destinado a ser: un instrumento técnico para mantener constante el valor real de algo expresado en pesos.

Si nuestra cultura financiera fuera superior a lo que es, desde hace años habríamos considerado más sensato vincular multas y pagos diversos a un determinado monto de Udis. Pero no solo carecemos de cultura financiera, pese a los esfuerzos ya de varios años de bancos, Afore y autoridades. Sucede también que somos proclives a desdeñar todo aquello que parezca tener el más mínimo origen técnico. Por lo tanto, la decisión de cuantificar en salarios mínimos todo tipo de pagos convirtió, en la práctica, al salario mínimo en rehén de otros intereses y, por tanto, en una pesada ancla para el ingreso laboral.

Así pues, la discusión pública alrededor del salario mínimo ha generado cuando menos dos triunfadores, aunque no sean muy populares: el jefe de Gobierno y las Udis. Éstas tampoco están exentas de sus propios retos, como el hecho de que están, en cierto sentido, expresadas en “base 1994”, aunque ya todo mundo use 2003 como base para determinar series estadísticas. O de que en la práctica “indizan” ciertos pagos a la inflación, suceda lo que suceda con todo lo demás. Estos, sin embargo, no dejan de ser retos técnicos y, como tales, sujetos a una solución… técnica. Por ello, hablar de “una nueva unidad de medida”, como ha señalado el jefe de Gobierno para determinar multas y demás, no solo es innecesario, ahí está la Udi, sino contraproducente. Cuando se le quiere dar una solución técnica a un problema político o, peor aún, una solución política a un problema técnico, es cuando la cosa no solo se complica, sino que se echa a perder.

Finalmente, una digresión. En febrero de 2006, el Hotel Sheraton de la Ciudad de México expulsó a una delegación cubana bajo el pretexto de las obligaciones que la Ley Helms-Burton le imponía. La cancillería mexicana consideró que era un “incidente entre particulares” (¿la aplicación extraterritorial de la ley estadunidense? ¿El trato a una delegación gubernamental de un país con el que tenemos relaciones diplomáticas?) y decidió no emitir comentario alguno. Fue entonces que la delegación Cuauhtémoc se quiso apropiar de la política exterior; días después, mientras clausuraba el hotel, pues “incumplía con el número de cajones de estacionamiento”, colocaba mantas que decían, más o menos: “Bienvenido a la delegación Cuauhtémoc, donde sí se respeta la soberanía”. 

¿A qué viene esto a cuento? Reconociendo el mérito de haber colocado el salario mínimo en la agenda, no es facultad de las autoridades locales legislar, reglamentar ni condicionar al respecto, salvo que queramos que en adelante cualquier delegación política se atribuya ahora, por ejemplo, el derecho a emitir moneda o a dictar la política farmacéutica o a imponer sus propias normas migratorias. El jefe de Gobierno y su equipo tienen mucho trabajo pendiente en materia de transporte y vialidad, seguridad o abasto de agua, recolección de basura o mejoras al drenaje, entre otros temas. Esa es su responsabilidad, no de otros.

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