A la intemperie

Tres principios generales y siete equilibrios particulares / I

Está por cumplirse la primera mitad del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Se ha reiterado que éste debe ser “el año de la implementación”, que las reformas constitucionales no llegarán por sí solas a puerto seguro y entonces correrán el riesgo de morir de inanición y matar al ciudadano de desilusión de no concretarse los resultados esperados.

México tiene urgencia, pero sigue sin haber información clara respecto al conjunto de iniciativas de ley que instrumenten las reformas constitucionales. “Es que las presiones están a la orden del día”, se escucha por aquí; “las iniciativas están listas, pero se espera el momento adecuado para presentarlas”, se escucha por allá.

Mientras en los pasillos de Palacio se afinan contenidos y tiempos bajo la concepción de que en política el timing lo es todo, algunos grupos de la sociedad civil se organizan para compartir su visión de lo que debiera incluir la legislación secundaria. Tal es el caso del grupo de trabajo de energía del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Comexi, el cual presentó el documento Siete equilibrios clave para garantizar el éxito de la instrumentación de la reforma energética. Se trata de un estupendo trabajo ejecutivo elaborado por un grupo en el que se encuentran Mario Gabriel Budebo, Andrés Rozental, Ernesto Marcos, Juan Eibenschutz y Carlos Santacruz, todos ellos con un impresionante capital curricular en la materia.

“Cualquier política pública que aspire a la reorganización de un sector económico, particularmente uno tan complejo y estratégico como el energético, debe guiar sus contenidos sobre tres principios generales”, dice el documento. En efecto, el cambio a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales debe significar la transformación económica más profunda y relevante de nuestro país en las últimas décadas, no tratándose simplemente de “abrir un sector” o de “privatizar Pemex” y expresiones sin sentido como esas. Se trata de la reorganización del corazón de la competitividad futura del país, lo que requerirá la puesta en marcha de un nuevo modelo energético mexicano que nos permita de manera soberana competir en el mundo global y elevar el bienestar de la población.

El primer principio general es el transitar de la visión de industria a la visión de mercado. ¿Cuántos casos no hay en el país en los que tenemos industria, pero no mercado? ¿Empresas incluso compitiendo entre sí, pero sin generar un mercado que crezca y se alimente de sí mismo para generar mayores beneficios para más partes de la cadena productiva?
La visión de mercado implica la construcción de un ecosistema que pueda desarrollarse y mantener sus objetivos vigentes en el tiempo.

El segundo principio es el equilibrar el interés privado con el interés público, acaso el principio fundamental ante el rechazo a la reforma por diversos grupos sociales. Aquí el Estado no puede minimizar su obligación de equilibrar el incentivo privado a la ganancia con el interés público en el sentido más amplio: “abasto de insumos a precios competitivos, recaudación gubernamental justa, seguridad industrial y ambiental…”.

El tercer principio es el alinear objetivos a corto y largo plazo. El país tiene urgencia y necesidades apremiantes hoy, pero el modelo energético no debe buscar maximizar la renta petrolera en el corto plazo, pues sacrificaría su potencial de largo plazo.

Así, mientras la sociedad espera y algunos desesperan, otros ponen manos a la obra y hablan para quien quiera oírlos (los “siete equilibrios clave” en la próxima entrega).

DEL OTRO LADO

Mi tía Cleta, quien no ha tomado una sola clase de estudios de licenciatura, dice entender aquella máxima de que “en derecho, quien puede lo más puede lo menos”. Razona, sin embargo, que “no necesariamente se desprende que quien no puede lo más debe poder lo menos”. Pregunta por qué si la reforma energética a nivel constitucional no puede ser objeto de consulta popular, sí lo sería aquella legislación secundaria que simplemente busque aterrizar el mandato constitucional; parecería que la única respuesta sería nuestra inclinación por el caos y el sinsentido. Urge que la Suprema Corte resuelva este entuerto a la brevedad, antes de que se haga más grande y más confuso.

mp@proa.structura.com.mx