A la intemperie

23 intelectuales demandan violación

Según se dice, alguien en el Senado de la República sigue contando las supuestas un millón seiscientas mil firmas de igual número de ciudadanos que exigen que la reforma energética se lleve a consulta popular. Los números se dicen fácil, pero si se contaran, por decir algo, diez mil firmas al día (sin incluir fines de semana y días festivos, pues no es para tanto, dirían algunos), tomará más de medio año terminar el conteo. Y diez mil firmas diarias, suponiendo que fueran de a 30 por página, significa simplemente revisar 41 páginas por hora, una página cada minuto y cacho durante ocho horas sin parar.

Mientras eso sucede, algunos ciudadanos demandan la nulidad de la reforma, pues argumentan que el presidente Peña Nieto no accedió a su petición de informarles personalmente sobre la racionalidad de la misma (MILENIO Diario, enero 15). Otros señalan la supuesta imposibilidad de modificar los artículos 27 y 28 constitucionales, apoyándose en su supuesto conocimiento en materia constitucional para después señalar que el artículo 136 prohíbe dichos cambios (La Jornada, diciembre 18).

Pero no solo han sido ciudadanos acaso sin renombre, pero con los mismos derechos que cualquiera, quienes han introducido mociones para intentar detener una de las transformaciones en ciernes más relevantes en nuestro país en mucho tiempo. Por su parte, otro grupo de ciudadanos, éste compuesto por 23 personas ampliamente reconocidas en distintos ámbitos y distinguidos en algún momento con el Premio Nacional de Ciencias y Artes, impugnaron también la reforma constitucional por lo que consideran fueron “violaciones graves” al procedimiento utilizado.

Con personalidades de gran prestigio como Soledad Loaeza o Vicente Rojo, José Emilio Pacheco o Fernando del Paso, por mencionar solo algunos, dicho grupo se dice “integrado por ciudadanos… independientes de todos los partidos políticos”, lo que no tiene por qué evidentemente limitar ni sus afinidades ni sus preferencias políticas, lo que se desprende del primer párrafo de su carta dirigida el 15 de enero: “A la Suprema Corte de Justicia de la Nación” al decir que… “esos cambios [el decreto que reforma los artículos 25, 27 y 28 constitucionales] afectarán en gran medida a la sociedad y a los ciudadanos mexicanos de hoy y del futuro”. El vicio de origen del que se habla es la gran premura con la que fueron votados los cambios, aunque el Congreso de la Unión lleve más de una década, múltiples análisis e innumerables discusiones sobre el tema; aunque la mayor crítica que se hace con frecuencia al Congreso es su inhabilidad para tomar decisiones, para pensar en cómo hacer mejor las cosas en lugar simplemente de oponerse a ellas. Claro que esto no libera del ridículo el caso de algunas legislaturas estatales, notoriamente la de Chiapas, la que por esa obsecuente actitud de ser la primera en votar la reforma conforme al 135 constitucional estaba pronunciándose momentos después de publicado el decreto (justo es decir que en esta materia, las legislaturas estatales solo pueden aprobar o rechazar los cambios constitucionales, sin posibilidad de enmienda alguna, pero aun así un poco de decoro nunca sale sobrando a nadie).

No debe haber “parlamentos sin Parlamento”, han dicho los intelectuales y no les falta razón. Por otro lado, alguien diría que no debe haber “intelligentzia sin inteligentes” a raíz de la rapidez con la que el juez cuarto de Distrito en Materia Administrativa ha desechado la demanda de amparo del grupo de 23 reconocidos ciudadanos “por su notoria improcedencia” (Reforma, enero 21). Claro que el derecho asiste a quien se queja y la decisión del juez Rodríguez Mata puede ser impugnada ante un tribunal colegiado y eventualmente ante la Suprema Corte de Justicia. Acaso por ello, ahora otro grupo de reconocidos ciudadanos solicita a la Corte mediante un desplegado (La Jornada, enero 23) dar una respuesta “pronta y adecuada” a la solicitud del grupo de intelectuales.

“Nos van a decir que estamos locos, nos van a acusar de estar fumados, pero lo cierto es que este planteamiento que realizamos es totalmente procedente”, decía en diciembre el vocero de la Academia Nacional de Amparo al momento de interponer su demanda para detener la reforma. Más allá de la locura, lo relevante es que llegue a haber razón, y por lo visto es poco probable que así sea.

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