A la intemperie

Un ente vivo que se aniquila

Las ciudades son entes vivos, pero en el DF llevamos años de no respetar las normas urbanas, aniquilando la capital.

Entre 1940 y 1970, la Ciudad de México tuvo cuatro jefes de Gobierno, antes llamados regentes o jefes del entonces Departamento del Distrito Federal. Desde Javier Rojo Gómez hasta Alfonso Corona del Rosal, pasando por Fernando Casas Alemán y Ernesto P. Uruchurtu, los cuatro eran abogados de formación y varios de ellos grandes abogados. Alfonso Martínez Domínguez, quien tendría una duración efímera al frente de la ciudad en 1971, no tenía estudios superiores, pero habiendo sido, entre otros cargos, tres veces diputado, dos veces senador y gobernador de su estado, no requirió del título de “licenciado” para llegar a recibir tres doctorados honoris causa. Octavio Sentíes, quien le sustituyó por el resto de la administración de Luis Echeverría, también era abogado.

Desde entonces, la Ciudad de México había visto pasar a maestros y a contadores públicos, a economistas y administradores de empresas, a ingenieros civiles, a dizque politólogos y hasta internacionalistas al frente del gobierno de la ciudad. También por eso, el actual jefe de Gobierno, reconocido abogado, generaba la esperanza de que el Estado de derecho en la capital dejara de ser más bien una expresión hueca, el perenne convidado de piedra en los discursos llenos de aire de siempre, para convertirse en una realidad que cuando menos poco a poco adquiriera vigencia plena y fuera axioma tanto individual como colectivo para los capitalinos.

Hay, sin embargo, hay un aire de incertidumbre, de opacidad y por ende de inseguridad jurídica que rodea al inevitablemente controversial tema del desarrollo urbano de la ciudad. El nuevo run run que anuncia de manera preocupante que algo viene en camino tiene que ver con los proyectos de las “normas 30 y 31”, mediante las cuales se espera promover una nueva densificación de la ciudad. Las ciudades son entes vivos, claro está, pero su crecimiento natural no tiene por qué darse mediante violaciones constantes al uso de suelo, a las densificaciones permitidas, a las alturas máximas, a la condición histórica de ciertas zonas con protección especial. En nuestra ciudad es casi imposible salir a la calle y no toparse más pronto que tarde con ejemplos del “urbanismo salvaje”, del “desastre urbano” en que se ha venido convirtiendo la capital, particularmente a lo largo de las últimas décadas.

El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF, Simón Neumann, argumenta de manera amable y con tranquilidad en el programa radiofónico que conduce el periodista Leonardo Curzio cómo es que se ha venido trabajando con académicos y expertos nacionales e internacionales en los proyectos de normas mencionados (los que oficialmente siguen sin darse a conocer), explica cómo es que todo se va a decidir con transparencia y con el consenso de los comités vecinales y las autoridades delegacionales, cómo es que el objetivo último es un desarrollo ordenado y eficiente de la ciudad. Al escucharlo, sería fácil creerle, si no fuera por la realidad, por lo que todo indica que es una creciente corrupción en la ciudad.

Ray Nagin, famoso alcalde de Nueva Orleans durante 10 años y quien enfrentó los desastres del huracán Katrina en 2005, no estudió derecho sino contabilidad. Acaso por eso dice que aún no le queda clara la razón por la que recientemente se le ha condenado a 10 años en prisión. La sentencia señala que en la resaca del huracán Katrina constructores y desarrolladores atiborraban sus oficinas buscando contratos para reconstruir la ciudad, para lo cual se otorgaban, y recibían, “incentivos” que flexibilizaran las normas. En todas partes se cuecen habas, pero hay algunos lados en que sí las entamban.

Del otro lado

Para Ripley. La VI Legislatura de la Asamblea del DF publica un desplegado en el que se jacta de que la nueva Ley de Movilidad en la capital “… formaliza jurídicamente el cambio del obsoleto paradigma de uso intensivo de vehículos automotores… por uno nuevo basado en el reconocimiento explícito y pleno del Derecho Humano a la Movilidad de todas las personas (cursivas añadidas)”. Si la movilidad es ahora un Derecho Humano (así, con mayúsculas), ¿qué va a suceder con la perpetua tolerancia de las autoridades para con la industria de la protesta y la manifestación por cualquier motivo y en cualquier circunstancia?

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