A la intemperie

Sobre la consulta popular

Cada vez que puede, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas dice que no se necesita una ley reglamentaria del derecho a la consulta popular para echar abajo la reforma energética. “Es bastante explícito lo que marca la Constitución al respecto” (MILENIO Diario, enero 16). Y tiene razón. No hay que darle muchas vueltas y acaso ni una sola para constatar que en esta materia la Constitución es explícita e inconfundible, como dice el ingeniero. Vamos por partes.

En semanas recientes, aun los no abogados han leído o escuchado reiteradamente acerca de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, la que establece el derecho ciudadano de votar en las consultas populares sujeto a ciertas consideraciones. Una de ellas dice, textualmente, que “no podrán ser objeto de consulta popular… los ingresos y gastos del Estado…”, además de algunos otros temas como la materia electoral, la seguridad nacional y otros.

Quienes argumentan a favor de la consulta, aun sin importar lo que diga la Constitución, aunque la usen de bandera, señalan que quienes se oponen al ejercicio de un derecho ciudadano utilizan tres argumentos inservibles: que no existe legislación secundaria, que la consulta es improcedente en el caso de reformas constitucionales y que los ingresos del Estado no pueden ser materia de consulta. De nuevo, vamos por partes.

En efecto, no se necesita que el Senado se pronuncie sobre el dictamen de Ley Federal de Consulta Popular, recibido de la Cámara de Diputados en diciembre pasado. Como dice el ingeniero Cárdenas, “es bastante explícito lo que marca la Constitución al respecto”. Y ésta es y debe ser suficiente para dirimir el tema, pues la ausencia de ley reglamentaria no puede hacer nugatorio el derecho ciudadano. Adicionalmente, tienen razón quienes señalan que nada impide celebrar una consulta sobre un tema constitucional en la medida en la que éste sea “de trascendencia nacional”, como lo es la reforma energética, y no esté expresamente excluido de los posibles temas de consulta.

Finalmente, los defensores de la consulta efectúan un salto mortal con la lógica más elemental y conceden que si bien la reforma energética tendrá algún impacto en los ingresos y gastos del Estado, ésa no es la materia del cambio constitucional y por ende la reforma debe someterse a la expresión ciudadana. En realidad, así como “no hay más ciego que el que no quiere ver”, no hay argumento más endeble que aquel de a quien no le interesa leer ni entender. O capaz que el ejemplar de la Constitución que utilizan para construir este último argumento tiene fecha de impresión previa a diciembre pasado.

Textualmente, el séptimo párrafo del artículo 27 constitucional que ya está en vigor señala que… “Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria”. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado… he ahí el objetivo medular de la reforma: maximizar la renta petrolera en beneficio del desarrollo del país. Más claro ni el agua. ¿Entonces?

Tiene razón Cuauhtémoc Cárdenas. Tomando conjuntamente tanto el artículo 35 como el ahora 27 constitucional, la Carta Magna es bastante explícita, pero lo es sobre por qué no procede una consulta popular respecto a la reforma energética. Claro que esto no importa si de lo que se trata es de hacer ruido, arriar a las tropas y tener discurso en el cual guarecerse previo a la tormenta del 2015.

Del otro lado

Hablando de temas constitucionales, dada la existencia del Pacto, el Presidente Peña declinó utilizar el año pasado la facultad que le otorga el artículo 71 constitucional para presentar “hasta dos iniciativas [de ley] para trámite preferente…” al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso. Como Jesús Zambrano dice cada vez que puede que “el Pacto tuvo su conclusión en diciembre…” (ahora en El Universal, enero 16), el resultado es el aislamiento de la izquierda y la apertura de espacios al Presidente para que en dos semanas haga uso de una importante herramienta de gobierno.

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