A la intemperie

¿Síndrome AMLO en Hacienda?/y II

Trabajamos más que en todos los países de la OCDE pero ganamos menos, pues nuestra productividad es menor. Y es tanta la diferencia entre los niveles de ingreso en el país, tanta, y tan complejo el problema de la pobreza, que se ha vuelto necesario y recurrente hablar de vías para incrementar el salario mínimo. Pero ¿y el tema de los ingresos de la burocracia? ¿Cuando menos de quienes se desempeñan en ciertos ámbitos y con altos niveles de responsabilidad? Hablar de ello es un anatema.

Durante más de una década los salarios de los servidores públicos no solo no han aumentado, sino que han caído entre un tercio y casi la mitad en términos reales, dependiendo del nivel de responsabilidad. Ahora, sin importar que haya áreas del gobierno con la obligación de sacar adelante las reformas estructurales aprobadas al inicio de la administración, notablemente la educativa o la energética, la de telecomunicaciones o la financiera, éstas deberán contratar para ello a personal cada vez menos preparado. Y ya sabemos qué significa personal menos preparado en un gobierno: ¿menos gobierno? Qué va, más bien gobierno de menor calidad.

En efecto, el nuevo “manual de percepciones” para la burocracia central significa un aumento de 1 por ciento para un número importante de plazas desde jefe de departamento hasta secretario. Uno por ciento. Pero también se compacta la estructura de sueldos, de forma tal que plazas de mayor nivel, de subdirector hasta director general y sin importar que se trate de funciones estratégicas, tendrán una caída del ingreso hasta de 21 por ciento.

Cierto es que las prestaciones actuales de un servidor público no se verán afectadas, pero en caso de que quede vacante una plaza cuya función amerita hoy una retribución, por ejemplo, de 192 mil pesos brutos, dicha plaza pasará a tener percepciones por $154 mil (con la consecuente disminución del monto sujeto al seguro de separación individualizado y manteniendo, claro está, el cálculo de la pensión del Issste sobre el sueldo base únicamente). No importa que en el sector privado se pague el doble o el triple, se tenga la mitad de la carga de trabajo y, si pudiera calcularse, menos de la mitad de la responsabilidad del servidor público. Así las cosas, digamos que un funcionario de la Secretaría de Energía decide aceptar una oferta en el sector privado. Su sucesor, quien sea que fuera, tendrá como máximo una retribución de 80 por ciento de la que percibía el antecesor. No es la mejor manera de atraer talento para la conducción de la administración pública. 

Bien dicen que la educación de buena calidad es cara, pero más cara aún es la ignorancia. Sucede lo mismo con el gobierno: podrá ser caro con funcionarios bien pagados, pero la sociedad paga un precio aún mayor cuando tiene un gobierno sin el capital humano requerido. Eso sí no tiene remedio.

mp@proa.structura.com.mx