A la intemperie

País inhabilitado / I

¿Qué es el gobierno sino el mayor de todos los reflejos de la naturaleza humana?”, preguntaba en 1788 James Madison, en uno de los artículos de la colección El federalista. Argumentaba que si los ciudadanos fueran ángeles, la existencia de un gobierno era prescindible. O si cuando menos el gobierno estuviera formado por ángeles gobernando hombres, no habría necesidad de controles sobre autoridades perfectas. Pero ¿qué hay de un mundo de ciudadanos terrenales gobernado por la misma ciudadanía terrenal? Madison planteaba las bases para prevenir el dominio dictatorial: primero, el gobierno debe poder ejercer su función de autoridad y después ser obligado a controlarse a sí mismo; ser restringido.

Hoy en día hay, sin embargo, quien no solo se siente ángel, sino que ya es visto y comienza a ser adorado como tal por los suyos cercanos. Se trata del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien tras la creación de “una de las instituciones más ridículas en la historia del absurdo político”, como definió Jesús Silva-Herzog Márquez la puesta en marcha del Viceministerio Venezolano para la Suprema Felicidad del Pueblo, ha seguido ahora con la política de “¡A vaciar los anaqueles!”, y más aún con la promulgación de la llamada Ley Habilitante, para satisfacer a un régimen que no tiene llenadera ni nada que lo detenga. Sirve, por otra parte, como un recordatorio permanente para quienes creen que las cosas en nuestro país están terriblemente mal; una mirada al sur nos permite constatar, por ejemplo, qué tan fácil se hubiera puesto mucho peor si en las dos elecciones presidenciales pasadas el régimen electoral hubiera tenido prevista una segunda vuelta.

Ordenar la felicidad de los ciudadanos podrá ser un absurdo que no pasa de eso, un absurdo por la creencia en poderes supremos propios para ordenar la vida de los hombres de acuerdo a los prejuicios de algunos. Pero con todo y todo, hay un enorme trecho de la metafísica cuántica que busca incidir en los sentimientos de las personas a la práctica del asalto promovido y legitimado desde el gobierno. Con la excusa de que “hay que declarar la guerra a la inflación”, Maduro ha ordenado la disminución de los precios de los electrodomésticos en Venezuela, pues “tenemos que garantizar que todo el pueblo venezolano tenga un televisor de plasma”. El Viceministerio de la Felicidad en acción, traducida ésta en las pulgadas de una pantalla, en qué y cuánto se tiene y no en qué se es y qué se hace por los demás. Hay que repasar las imágenes de pillaje, de toma de botín que se han visto en Venezuela en estos días para constatar qué tan cerca pasó la bala…

¿No es suficiente ordenar la felicidad y la confiscación de productos (le siguen teléfonos celulares, calzado, juguete…) para regalo del pueblo? Maduro ha recibido ahora el regalo de contar con una “Ley Habilitante”, la que le permitirá  dictar decretos con fuerza de ley durante los próximos 12 meses, sin necesidad de recurrir a la Asamblea Nacional para su aprobación. ¿“Ley Habilitante”? Es el mismo nombre que recibió en marzo de 1933 la ley que permitió a Hitler y a su gabinete decretar leyes sin la participación del Parlamento… al tiempo.

Nadie ha dicho, mientras tanto, que los ángeles sepan de aritmética básica. Decía Maduro en cadena nacional que… “si disminuyo el precio de los electrodomésticos en 1,000 (un mil) por ciento, eso tendrá efectos positivos en la inflación, ¿correcto?”. ¡Ajá! ¿Alguien sabe de algo que pueda disminuir en mil por ciento?

Del otro lado

El papa Francisco ha encargado a una de las firmas de auditoría más grandes del mundo “la comprobación y el asesoramiento de las actividades económicas y los procesos” del gobierno del Vaticano. La contratación de la firma de auditoría externa Ernst & Young (“EY” al día de hoy) se da al mismo tiempo que se reforma el estatuto de la Autoridad de Información Financiera para prevenir conductas ilícitas en las siempre oscuras finanzas del Vaticano. Impensable hasta hace muy poco, como igual lo era el que partidos políticos o sindicatos en México, entre otros que reciben fondos públicos, fueran sujetos obligados por la Ley de Transparencia. Así las cosas, hay que aquilatar la reforma constitucional en la materia recién aprobada por el Senado. No parece ser cosa menor.

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