A la intemperie

Crimen por falta de Estado / II

Mientras sigamos repitiendo que el único culpable de la descomposición social es el Estado, sin reconocer nuestra responsabilidad como ciudadanos, no podremos corregir una crisis de fondo que la tragedia de Iguala sacó a la superficie.

Crecientemente a nuestro país se le dificultan las conversaciones colectivas. Se nos dificulta construir, y no porque no tengamos buenos ingenieros, los que abundan, aunque sean insuficientes. Construir diálogo y sociedad requiere contar con un mínimo de empatía, y todo indica que lo mucho o lo poco que hayamos alcanzado se viene diluyendo de un tiempo para acá.

Al igual que sucede en otras sociedades, cuando menos en espacios “progresistas” o “liberales” de la nuestra, podremos ser menos racistas, menos sexistas y homofóbicos, como citaba The Economist semanas atrás a Bill Clinton (septiembre 20, 2014). Podremos ser “políticamente más correctos”, pero en realidad cada vez queremos tener menos contacto con gente que no piense como nosotros. Pese a vivir en la era de la información, hay una preocupante tendencia social a guarecernos en el protegido espacio de nuestras propias opiniones. Un vistazo a las reacciones ante la tragedia de los muchachos de Ayotzinapa nos pinta tal cual.

Nuestra sociedad se ha unido en el reclamo de justicia, en la indignación colectiva ante un problema estructural que no cesa, como la crisis de violencia, anclada en buena parte en la impunidad y su inseparable contraparte: la corrupción. Fuera de eso, que no es poco, hay diferencias fundamentales sobre cómo interpretamos la más reciente tragedia.

No construir un puente que comunique las lecturas de la crisis significará a final de cuentas que cada quien se quedará en su propia orilla, gritando sus propias verdades, encerrándose en sus propias opiniones.

Para unos, el culpable único y absoluto de todo es “el Estado”. Ya sea por omisión o comisión, “el ogro filantrópico” —Paz dixit— mostró su verdadera cara una noche trágica, por lo que no hay más que exigir la renuncia de sus representantes, como si ésta significara el fin de la descomposición social en ciertas zonas del país y, ¿por qué no?, la reaparición con vida de los muchachos. Por cierto, este 1 de diciembre se cumplen dos años de este gobierno y para quienes suspiraban por una nueva elección ante la falta de presidente, aplicaría ya el párrafo quinto del 84 constitucional: designación por la Cámara de Diputados.

Para otros, el culpable somos todos nosotros, los ciudadanos. Claro, no de la desaparición y probable asesinato de los muchachos, crimen por el que deberán pagar otros... ciudadanos. Pero sí del clima que hace posible tal crimen, dada nuestra perpetua tolerancia para con el delito menor: para con el policía que recibe otros ingresos a fin de complementar un salario de hambre; para con el ciudadano que le corrompe y hasta se ufana de ello. Tolerantes para con los estudiantes que secuestran camiones, “pues es para una buena causa”, y para quienes se adueñan un rato de las casetas de peaje a efecto de cobrar sus propios impuestos, como lo hace el crimen organizado en ciertas zonas del país. Y así empezamos.

A lo largo de varios años, este escribidor ha usado el privilegio de este espacio para prevenir acerca de las múltiples expresiones de violencia aparentemente intrascendentes en nuestra vida pública. Violencia verbal, la cual es difícil señalar si nació antes de Fox y López Obrador, aunque éstos sean sus máximos exponentes; violencia mediática, la cual hace o deshace reputaciones en función de intereses que pocas veces salen a la luz pública o simplemente de una cobertura irresponsable de la información; violencia gráfica de actores políticos que sustituyen su falta de argumentación con una “buena imagen”. Nuestro “edificio social” tiene cada vez más ventanas rotas, sin que aparentemente nos importe. No debiera sorprendernos que los paseantes por el lugar interpreten tal destrozo como licencia para que cada quien rompa la ventana que quiera. Total.

La tragedia de los muchachos de Ayotzinapa debería servir como punto de inflexión para que el estado de derecho en el país deje de ser una frase obligatoria de todos los discursos (lo que en esencia refleja lo lejos que estamos de ello) y sea parte de una realidad cotidiana que promueva la justicia, la equidad, la inclusión. Pero mientras sigamos repitiendo que el único culpable de la descomposición social en ciertas partes del país es el Estado, sin reconocer nuestra responsabilidad como ciudadanos, no podremos corregir una crisis de fondo que la tragedia humanitaria de Iguala sacó a la superficie.

mp@proa.structura.com.mx