A la intemperie

Cabildeo

En días recientes, el tema del cabildeo se ha divulgado en algunos medios nacionales, causando cierto revuelo en la opinión pública. Debido a la poca información que se tiene sobre su función y papel en la toma de decisiones políticas, sería bueno hacer aquí algunas puntualizaciones al respecto.

El cabildeo es una actividad necesaria y conveniente para la profundización de la democracia, ya que implica el acercamiento de las necesidades de los ciudadanos y los distintos grupos organizados

a los funcionarios. Es una garantía individual inscrita en el artículo 8º de la Constitución, el cual obliga a los empleados públicos a respetar el derecho de petición. De ahí se desprende y ampara el derecho de los cabilderos para ejercer su profesión.

El crecimiento de esta actividad refleja un mayor interés de la sociedad para hacer uso de su voz y ejercer sus derechos en los procesos de toma de decisión. Aún más, es un servicio de apoyo a la actividad legislativa y gubernamental.

Debido a que las actividades del gobierno tocan los intereses de toda la población, los funcionarios, incluyendo a los legisladores, necesitan tener a la mano información factual de parte de los interesados en un tema específico a efecto de tomar las mejores decisiones posibles, misma que puede provenir de cualquier ciudadano o grupo social.

Es claro que esta actividad debe llevarse a cabo conforme a principios inalienables de honestidad, legalidad, profesionalismo, confidencialidad, integridad, probidad y responsabilidad. Los ciudadanos deben tener el derecho de contar con información básica sobre las labores de los cabilderos. Por ello, democracias más maduras han hecho del cabildeo una práctica sujeta a una serie de principios, comenzando por el de la transparencia.

En países democráticos avanzados existen registros públicos que regulan la práctica en apego a principios explícitos. En Estados Unidos, por ejemplo, las personas o empresas se registran ante las autoridades correspondientes de acuerdo con el Lobbying Disclosure Act (1995) y deben llenar formatos en los que se describen sus labores e, inclusive, los rangos de ingresos por los servicios que ofrecen.

El hecho de que el cabildeo sea una actividad plenamente reconocida en las democracias modernas no lo exime de ser malinterpretado al estar asociado con malas prácticas como la corrupción, el tráfico de influencias, los sobornos y la falta de ética. El desafío al que se enfrenta el cabildeo es ver de qué manera se puede avanzar en el desarrollo transparente, profesional y ético de esta actividad clave para cualquier democracia.

Esta semana, los legisladores aprobaron modificaciones al reglamento de la Cámara de Diputados, las cuales contemplan que el número máximo de personas acreditadas para cabildear sea de 20 por cada comisión legislativa y 2 por cada persona moral inscrita en el padrón. Igualmente, ya se prepara una iniciativa para establecer un registro y regular la actividad en la Cámara alta, donde el límite de cabilderos por comisión que se contempla es de 10.

La realidad es que no todas las comisiones en ambas cámaras tienen la misma relevancia en

las decisiones políticas. No habrá la misma cantidad de cabilderos en la Comisión de Transportes como en la Comisión de Hacienda, ya que los intereses son más amplios en esta última.

Por otro lado, la prohibición de realizar la actividad de cabildeo a los servidores públicos en ejercicio de sus funciones de esta cámara y hasta después de 2 años de haber sido cesados es un tema que va ligado a la reelección, tema que no se ha abordado en el Congreso.

Informar e incidir en las decisiones de los funcionarios públicos y permitir que las opiniones de todos los involucrados sean tomadas en cuenta en la construcción democrática del país y en los temas que les interesan es una señal de una democracia que se torna cada vez más participativa y directa, misma que debe ir de la mano con la apertura y transparencia de los tres órdenes de gobierno.