Fortuna y poder

Cruzada anticárteles: Cofece

Está en marcha una cruzada contra los cárteles comerciales.

¿Puede estar próximo el primer caso en México en que se castigue con cárcel a empresarios que se coluden para elevar precios de los productos que venden al gobierno o para dividirse el mercado?

En la Comisión Antimonopolios le llaman cartelización a la práctica con la cual las empresas que le venden al gobierno se ponen de acuerdo para elevar el precio o dividirse el mercado, en detrimento del presupuesto de las dependencias públicas e implícitamente de los recursos públicos que se originan con los impuestos que todos pagamos.

La presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios, revela que hay varias investigaciones públicas, iniciadas en 2014 y 2015, que están próximas a ser resueltas.

Llevará alrededor de un año para que se pronuncie el órgano regulador en torno al reciente caso que denunció el IMSS, que dirige Mikel Arriola, de empresas privadas que se pusieron de acuerdo para dividirse el mercado.

El IMSS realizó apenas la denuncia y la Cofece recién inició la investigación, aunque con toda la información que le entregó el IMSS avanza rápido.

La Cofece revisa varios asuntos por prácticas monopólicas en compras gubernamentales en los mercados de productos de látex, materiales de curación, gases, el que acusó el IMSS sobre servicios de laboratorio, y monitoreo de medios.

La experiencia internacional demuestra que la colusión en compras públicas genera sobreprecios de 40 por ciento en promedio para los gobiernos.

Es decir, por cada 100 pesos que pagan los gobiernos y entidades públicas en la compra de bienes y servicios, 40 pesos corresponden a sobreprecios, resultado de algún acuerdo entre competidores (concursantes de procesos de compra) para pactar precios, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones.

En México, el caso más emblemático fue la colusión entre farmacéuticas para vender más cara la insulina al IMSS, el sobreprecio fue de 58 por ciento y generó un daño patrimonial de 579 millones de pesos al IMSS.

Tras años de proceso jurídico, en 2015 el Poder Judicial dejó firme la resolución de la Cofece, y las firmas Eli Lilly, Cryopharma, Probiomed y Pisa quedaron obligadas a cumplir con las sanciones de ley.

Desde el punto de vista de Alejandra Palacios, el delito de cartelización es doblemente grave, porque va en contra de la Ley de Competencia, pero además perjudica el patrimonio público.

Los casos que investiga la Cofece en el sector de laboratorios, denunciado por el IMSS, o el del negocio de síntesis de información, podrían caer en la categoría de cartelización.

En EU el primer caso que llevó a la cárcel a alguien por cartelización fue en los años 70, por un tema de contratación pública.

¿En México puede estar cerca el primer caso? Al tiempo.


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