Fortuna y poder

Ronda Uno, ¿quién da más?

El próximo 15 de julio es clave para la apertura de la industria petrolera mexicana.

Ese día, al menos 26 licitantes (19 de ellos con un capital de mil millones de dólares cada uno; los otros siete van en consorcios) presentarán, o no, su oferta para iniciar la exploración y explotación de petróleo en 14 bloques que puso a concurso el gobierno mexicano.

En la Ronda 1 se consideran cinco licitaciones; en la primera de ellas se subastan 14 bloques para exploración y explotación.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos que preside Juan Carlos Zepeda abrirá en sesión pública, que será transmitida vía internet, los sobres que contienen las ofertas económicas.

¿Y quién ganará? El ganador o los ganadores serán aquellos que ofrezcan el  mayor porcentaje de utilidad al gobierno mexicano.

Esa es la principal variable para decidir la adjudicación: el que dé los mayores ingresos al Estado. Así lo establece la ley.

En la jerga petrolera hay un concepto en inglés: Goverment take, que engloba la totalidad de los pagos que tienen que hacer las empresas petroleras a los gobiernos; en este caso al gobierno mexicano.

El principal es el pago del ISR, pero también pagan una regalía básica prevista en la Ley de Hidrocarburos; un pago por km2 del área; un porcentaje y una contraprestación contractual.

En el mundo, el Goverment take ronda entre 60 y 85 por ciento.

En días pasados se modificaron las bases de licitación y se eliminaron restricciones para lograr una mayor participación y competencia e incluso para ampliar las posibilidades de alianzas para Pemex.

La producción petrolera con participación de empresas internacionales podría comenzar en 2019.

Aunque las inversiones respectivas comenzarán a llegar a México a fines de 2015 o principios de 2016.

Se calcula que de los 14 bloques se obtendrá una producción de 80 mil barriles diarios de petróleo.

Frente a la llegada de grandes petroleras internacionales, ¿qué tan cubierto está el Estado mexicano en términos jurídicos?.

De acuerdo con Zepeda,el Estado mexicano mantiene su calidad soberana frente a los contratistas e incluso se prevé la rescisión administrativa no sujeta a arbitraje contractual.

Hacienda, de Luis Videgaray, revisó la procedencia lícita de los recursos de las empresas participantes.

A ver.

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