Fortuna y poder

Ahorro popular, ¡bajo la lupa!

Está en vías de aprobación la reforma de ahorro popular (RAP).

Después del fraude a los ahorradores de Ficrea, la intención es evitar que se repita un quebranto similar en cualquiera de las instituciones del sector de ahorro popular.

La RAP busca cubrir al máximo los vacíos legales en las instituciones dedicadas a las finanzas populares, entre ellas las sociedades financieras populares (Sofipo) —Ficrea era una de ellas—, sociedades financieras comunitarias (Sofinco) y cajas de ahorro.

Todas estaban muy “sueltas” y la intención es someterlas a una regulación específica que al mismo tiempo que permita su desarrollo impida irregularidades y abusos contra los sectores de la población más desprotegida.

Detrás de estas instituciones hay enormes intereses que buscan desprestigiar y desvirtuar la RAP.

Se han generado en los últimos días una gran cantidad de mitos alrededor de la RAP.

Se ha dicho que la reforma va a reducir el financiamiento al campo; lo cierto es que no es así.

Los números los desmienten. Mientras que la banca de fomento y privada ofrecen financiamiento al campo por un monto de 173 mil millones de pesos, las Sofinco tienen un saldo de 305 millones de pesos; es decir, es 0.18 por ciento del financiamiento total al campo.

Las Sofinco atienden a solo 91 mil personas, equivalente a 1 por ciento de la población económicamente activa del sector rural.

La reforma busca eliminar la disposición de que sean los alcaldes quienes autoricen las cajas de ahorro. ¡Por eso se dan tantos abusos!

Además, pretende hacer una segmentación de las Sofipo y de las cajas de ahorro, para que estén sujetas a normatividades diferenciadas y acordes con sus activos, pasivos y captación.

El IPAB y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrán un papel más asertivo para autorizar y regular a esos intermediarios y resguardar los fondos de depósito.

Pero de ninguna forma habrá expropiación de los fondos de depósito ni barreras de entrada a nuevos intermediarios por su tamaño; tampoco se criminalizará a directivos.

Simple y sencillamente habrá límites y responsabilidades para instituciones y administradores.

Así las cosas.

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