Cuestión Política

Otro cobro al Ejército mexicano

La ejecución de un presunto ladrón de gasolina de los llamados "huachicoleros" a manos de un militar en la localidad de Palmarito, Puebla, desata ya otra cruenta lucha contra el Ejército mexicano, al que acusan de transgresor de la ley y lo menos, homicidas protegidos por el Estado.

Los hechos sangrientos del miércoles 3 del presente, revelados anoche en un video de los noticieros televisivos, causó ya una oleada de descalificaciones –como parte de su caduco esquema- de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de otras instancias defensoras de delincuentes, por la forma en que fue ultimado el personaje que portaba chaleco antibalas y una pistola escuadra, de apariencia 9 milímetros y con el que asesinó a otro militar que lo retuvo para inspeccionarlo.

En esa franja agrícola, situada a unos 70 kilómetros de la capital de Puebla, los ladrones de gasolina extraída ilegal y clandestinamente de los ductos de Pemex, han hecho de ese sitial un manjar exquisito, convertido por la gracia de bribones, en atractivo botín pirata para miles de mexicanos dedicados a robar combustible para revenderlo a particulares a precios de ganga.

Si bien es cierto que la ejecución del aparente ladrón causó indignación en sectores sociales porque un militar le disparó cuando el retenido estaba de bruces al suelo, también en el análisis del video puede observarse la forma en que el occiso, antes, disparó por la espalda a los militares y mató a uno de los tres que lo bajaron de la camioneta que conducía.

De inmediato surgió la discordia y a través del tribunal inquisidor del siglo XXI –las redes sociales- consignaron el hecho sangriento, siempre en defensa del aparente delincuente y con la acostumbrada censura de odio a los mandos castrenses.

La pregunta obligada que nos hacemos los mexicanos de la delincuencia que no respeta a ningún connacional, llámese como sea, con o sin fuero, rico o pobre, ¿hasta cuándo acabará esta cruenta lucha de poder entre el propio gobierno y los trastocadores de la paz social, que ya no creen en nadie y no respetan ningún sitio donde podamos estar tranquilos e incólumes los más de 120 millones de mexicanos?

¿Hasta cuándo dejará de permear la delincuencia a los tres niveles de gobierno que nadie puede soslayar y han hecho de nuestra patria un pingüe negocio al mejor postor.

¿Y los fondos públicos para los ayuntamientos mexiquenses?

A escasos cuatro meses de que cierre presupuesto la Secretaría de Finanzas del Estado de México que encabeza Joaquín Castillo Torres, aún no envía a la mayoría de ayuntamientos, los adelantos de participación federal que sirven para fondear todas las obras públicas que se ejecutan en los municipios.

Edgar Olvera, alcalde de Naucalpan informó que llevará a cabo acciones legales para que Castillo Torres gire sus instrucciones a ese ayuntamiento, que quiérase o no a pesar de la imperante delincuencia, es uno de los tres más importantes de la entidad mexiquense y éste sigue sin resolver los conflictos de toda índole que le heredó el ex munícipe del PRI, David Sánchez Guevara, encarcelado desde hace casi dos años en el penal de Otumba, por peculado...

Y a pesar de los pleitos internos del PRD –tribus, alas y el largo etcétera- la imagen de Juan Zepeda, abanderado del sol azteca al gobierno del Estado de México, ha crecido en las últimas dos semanas, gracias a su discurso conciliatorio, sin demagogia y en defensa a ultranza de las clases sociales más marginadas de la multireferida entidad. Dicen los expertos que puede dar la sorpresa. ¿Será?