Cuestión Política

Nueva legislación en favor de Pemex

La pesada carga fiscal, el pasivo laboral y la falta de inversión que enfrenta Pemex desde hace varias décadas, obliga al Estado mexicano a buscar a empresarios nacionales y extranjeros para que inviertan en la petrolera, los que con incentivos fiscales, buscarán un modelo de desarrollo y de aparente equidad para que se obtengan beneficios comunes y con más énfasis en las alicaídas finanzas públicas del país.

Si bien es cierto, desde tiempos inmemoriables se han satanizado las acciones que se han planeado y proyectado a favor de la paraestatal, -hechas por inversionistas, estudiosos de los hidrocarburos, legisladores y funcionarios públicos- la realidad es que nadie ha aportado resoluciones auténticas y de sustentabilidad a la grave crisis económica que vive Pemex.

Hasta el propio "líder moral" del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, ha "sacado raja" de dimes y diretes en favor de la empresa que su padre, Lázaro Cárdenas, nacionalizara en una cuestión más populista que benéfica a la industria por excelencia, en donde miles de plazas de trabajadores, -la mayoría con gran remuneración- se han significado por su alta carga económica.

No hay que olvidar el impedimento del gobierno federal para invertir en esa empresa, de que Pemex aporta entre 35 y 38 por ciento de los recursos que requiere el país, razón por la cual no puede utilizar recursos propios para crecer y fortalecerse.

Pese a que la petrolera es la séptima potencia mundial en producción de gas no genera ni para el mercado doméstico el suficiente gas natural, -se importa 30 por ciento del gas licuado que consumimos- menos posee la infraestructura para distribuirlo.

Por ello, todas las adecuaciones que al respecto han elaborado ciudadanos, legisladores y expertos, no obstante que lo nieguen diputados y senadores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, se han hecho con el fundamento legal de encontrar en el mediano plazo, la sustentabilidad financiera y productiva de Pemex.

No debe olvidarse que los legisladores propusieron en la Reforma Energética, Ley de Hidrocarburos, y en modificaciones a las disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley Minera y de la de Asociaciones Público Privadas, "el dominio inalienable e impresciptible" de México sobre los recursos del petróleo, hidrocarburos y fluído eléctrico.

Propusieron un esquema bien programado y con solidez financiera -están a la vista las iniciativas de ley así como el impulso de un modelo competitivo y tomaron como referencia las mejores prácticas internacionales en materia energética.

También, un rubro fuerte de administración de la renta petrolera a través del Fondo Mexicano del Petróleo que maximizará la utilidad sustentable y responsable en un marco de transparencia y de compromiso con las generaciones futuras.

Con estos conceptos, los dichos que utilicen los representantes del pueblo contra la nueva legislación, se convertirán en argumentos demagógicos y faltos de sustentabilidad legal, ya que no habrá ninguno de fuerza que evidencie que las reformas aprobadas en el pleno del Congreso de la Unión se han hecho a espaldas de casi 120 millones de connacionales. ¡Qué hable México!