Cuestión Política

Candidatos honorables y con moral

En la recta final del pasado 2014 con ocasión de la entrada en vigor de la Reforma Penal de 2008, en diversos estados del país ya se han dado los pasos y cumplido las etapas de preparación y selección de los jueces y operadores del nuevo sistema de justicia que habrán de encarar ese reto mayúsculo. Respecto al acondicionamiento de espacios, inversión en capacitación y desarrollos tecnológicos, sin lugar a dudas, se puede reconocer que existen grandes avances.

La migración a esa modalidad de juicios, abiertos, orales, públicos y transparentes pretende erradicar rancias y oscuras prácticas que a lo largo de décadas han permitido diversas formas de discrecionalidad y acciones indebidas que lesionan los derechos humanos de quien se encuentra sujeto a un proceso judicial.

¿Qué debemos entender por debido proceso?, la obligación que tienen las autoridades de respetar todos los derechos de la persona que se encuentra en un proceso jurídico o judicial ante las autoridades encargadas de administrar e impartir justicia; en todos esos momentos le deben ser respetados sus derechos humanos.

El debido proceso es una aspiración de toda persona para que las autoridades traten a los individuos de manera digna, justa y humana bajo el supuesto de haber cometido una conducta tipificada como delito.

El reto que México debe afrontar con la entrada en vigor de la Reforma Constitucional en Materia Penal de 2008 y otra en materia de Derechos Humanos de 2011, hacen evidente el cambio de mentalidad, preparación y actitud que deben asumir las autoridades que se desempeñan en las labores de fiscales o ministerios públicos, abogados defensores, jueces y magistrados.

Más allá de las actualizaciones legislativas que México ha realizado, lo verdaderamente relevante son los operadores jurídicos de este nuevo y viejo derecho humano al debido proceso. Para conseguirlo, será indispensable contar con policías capacitados para proteger a los ciudadanos, con Ministerios Públicos o Fiscales conocedores del derecho y capaces de argumentar coherentemente para integrar expedientes y hacerlos valer frente a los jueces que deben ser independientes y justos.

También es necesario contar con un sistema carcelario apto para la reinserción social de los internos y evite que desde la cárcel se siga delinquiendo. De la concurrencia de todos estos elementos depende el tránsito con éxito al nuevo modelo de justicia penal.