TORRE AZUL

Rubén lo sabe

El pasado jueves 05 de mayo venció el plazo para que las entidades federativas en el país armonizaran sus leyes con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. También, ese mismo día, las autoridades en los Estados debieron -en caso de no haberlo hecho con antelación- haber puesto en práctica la totalidad de las disposiciones establecidas en esa Ley de aplicación nacional.  


Para nuestro estado, es de particular importancia el Artículo 70, que incluye en su Fracción XXII como “obligación de transparencia común” lo relacionado con “la deuda pública en términos de la normativa aplicable”.


De acuerdo con Óscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dichas disposición obliga al gobierno coahuilense, encabezado por Rubén Moreira, a publicar en los medios electrónicos la totalidad de la información relacionada con la “megadeuda” que heredó la administración anterior, incluyendo los documentos que el gobernador ordenó a la Auditoría Superior del Estado clasificar de manera perversa hasta el 2019, para encubrir a su hermano Humberto.  Un dato relevante es que, al tratarse de una “obligación de transparencia común”, los ciudadanos no necesitaríamos realizar solicitud de acceso alguna; porque la información debería estar allí, en el portal electrónico del Gobierno de Coahuila, a nuestra total disposición. Digo “debería” porque la realidad es que, la información publicada en torno a la deuda pública del Estado continúa siendo básicamente la misma que han estado dando a conocer las autoridades y que sólo considera datos mínimos expuestos desde enero de 2013.


Por su puesto, Rubén Moreira se justificará, alegando que está cumpliendo con la Ley, publicando la información que corresponde a su administración. No hay que olvidar que el gobernador ha intentado, por todos los medios, de imponer la lógica del “borrón y cuenta nueva”. Pero, 34 mil millones de pesos no pueden ser simplemente ignorados por quienes estamos pagando las consecuencias del desfalco.


Hay, por lo menos, 18 mil millones de pesos cuyo destino es un misterio para la ciudadanía. Por eso, a los coahuilenses no nos queda otro camino que el de la insistencia. Preguntemos hasta la saciedad: ¿qué pasó con el dinero de la deuda? ¿Quiénes se beneficiaron directa e indirectamente con esos multimillonarios recursos? ¿Por qué se “legalizaron” los poco más de 5 mil millones que fueron contratados con documentos falsos? ¿Por qué son las autoridades extranjeras, y no las coahuilenses ni las mexicanas, las que han buscado hacer justicia?
Rubén lo sabe y, por eso, lo oculta.


Face: marcelotorresc y tuiter: @marcelotorresc