TORRE AZUL

CNTE, delincuencia y vacío de autoridad

En México es legal oponerse a las decisiones gubernamentales. Los mexicanos somos libres de manifestar en la vía pública, de manera pacífica y ordenada, nuestros desacuerdos. A lo largo de la historia, los ciudadanos de este país hemos construido los canales institucionales para que todo aquel que no esté conforme con una medida de la autoridad, demuestre la legitimidad de su reclamo.


Por eso es inadmisible la manera de actuar de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, cuyos líderes impunemente han transgredido una y otra vez la Ley, afectando no sólo la aplicación de la Reforma Educativa sino, incluso, la integridad física y moral de otros ciudadanos, como ocurrió hace unos días cuando integrantes de la Coordinadora golpearon y raparon a docentes que presentaron por convicción propia sus evaluaciones.


Los actos flagrantemente delictivos de la CNTE también le están costando dinero al país. De acuerdo a la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México en junio sumaban ya alrededor de 2 mil 300 millones de pesos las pérdidas por ventas no realizadas como consecuencia del plantón de la CNTE en el Monumento a la Revolución que lleva allí casi dos años.


En Oaxaca, las repercusiones ascienden a más de mil millones de pesos, 300 negocios que de plano tuvieron que cerrar y más de mil empleos perdidos, esto de acuerdo al Consejo del Centro Histórico de la capital de aquella entidad. Y así, podríamos seguir con el recuento de los daños en Guerrero, Michoacán, Chiapas y en el resto de los estados del país en los que la Coordinadora, bajo pretexto de defender sus pretendidas exigencias magisteriales, comete actos delictivos con claros fines políticos y de desestabilización.


Pero, además del serio perjuicio económico que han traído consigo las acciones de la CNTE, está el daño que se hace a las niñas y los niños que, encima, les tocó nacer en las entidades más pobres y con el peor Índice de Desarrollo Humano del País. Allí, en donde más educación se necesita, es también en donde la Coordinadora y sus líderes hacen y deshacen a su antojo, destruyen propiedad pública y privada, y dejan sin clases a los más desprotegidos.


La pregunta parece obvia: ¿Y la autoridad -más allá de seguir pagando sueldos, algunos muy elevados como el que recibe el líder de la CNTE Rubén Núñez por “hacer política”- cuándo va a actuar? ¿En qué momento se decidirá a hacer valer la Ley, castigar las conductas abiertamente delictivas de los líderes de la CNTE y proteger los derechos y las libertades de los miles de afectados?


@marcelotorresc