Contracorriente

De raterillos a violadores de derechos humanos

La corrupción tiene dos caras, una fea y otra aterradora. Cuando un funcionario desvía recursos para engordar su patrimonio, las finanzas públicas resultan dañadas y el desequilibrio económico impacta negativamente en el desarrollo social de las comunidades afectadas. Pero seamos claros, el daño de un individuo corrupto no es equivalente al desastre social que una red de crimen organizado puede ocasionar.

La cara fea

Lo que debió destinarse a servicios públicos de salud, educación, sueldos, seguridad o vivienda, se acumula en cuentas bancarias de paraísos fiscales, atención médica en el extranjero para familiares de gobernadores, inversiones en ranchos y haciendas con presas privadas, departamentos en Miami o cualquier otra ocurrencia de acumulación exorbitante de bienes de lujo.

Entonces, el robo es además una violación a los derechos sociales. Las manifestaciones de pensionados defraudados y de profesores no pagados se acumulan afuera de las oficinas gubernamentales. La pobreza afecta a más de la mitad de la población y el endeudamiento supera cualquier récord histórico.

La cara aterradora

Mantener viva la red de corrupción de alto nivel y silenciar las voces denunciantes eleva los costos económicos, pero además implica una labor operativa que incita al funcionario corrupto a trabajar de la mano con otros líderes delictivos. Las negociaciones conllevan compromisos de complicidad sin límites en los que la línea que divide al crimen de la operación política se desdibuja. En este contexto la población gobernada no solo ve afectados sus derechos sociales, sino sus garantías individuales y sus derechos humanos. Repuntan drásticamente los homicidios, se asesina a periodistas por decena, las cifras de personas desaparecidas se disparan, los feminicidios se vuelven una constante, el territorio entero es una fosa.

La violación de derechos humanos se materializa en sus peores formas. La corrupción entonces deja de ser un delito común y debe ser considerada crimen de lesa humanidad. En consecuencia, la identificación de complicidades y métodos de articulación delictiva es indispensable en la resolución integral de casos de corrupción que impliquen violación de derechos humanos.

La dimensión de la justicia

Asumir que un solo individuo es el único responsable de la catástrofe económica y la crisis de derechos humanos que atraviesa una entidad federativa es blindar al resto de los integrantes que operaron la red criminal que le permitió enriquecerse ilícitamente.

Si se busca verdad, justicia y rendición de cuentas, se requiere no solo abordar un caso de corrupción en términos de desvío financiero y fraude a la nación, sino considerar los daños irreparables que se ocasionaron a la sociedad.

¿Habrá voluntad para distinguir entre un raterillo de altos vuelos y una red de delincuencia articulada que viola sistemáticamente los derechos humanos?