Contracorriente

Precandidatos presidenciales, ¿desconocen o se aprovechan de la LSI?

Las reacciones de los diferentes precandidatos a la Presidencia de la República frente a la Ley de Seguridad Interior (LSI) podrían darnos luz sobre la visión política con la que pretenden operar la seguridad pública.

Mientras la propuesta de ley saltaba de una Cámara a otra, tanto Andrés Manuel López Obrador como José Antonio Meade permanecieron silenciosos. A pesar del silencio de AMLO, los legisladores de Morena señalaron los riesgos y votaron en contra. Los legisladores del Verde y el PRI mantuvieron su postura a favor hasta el último momento. La cautela de ambos precandidatos anunciaba su, ahora pública, tranquilidad sobre los efectos de esta propuesta. Ricardo Anaya hizo llamados varios a detenerla, incluso alertó sobre las preocupaciones que la Organización de Naciones Unidas había externado en cuanto a la vulneración de derechos humanos que esta ley solventa. Algunos legisladores del PRD y del PAN que simpatizan con Anaya votaron en contra, aunque no operaron para evitar el quorum, para que el proceso pudiera detenerse. Varios de los gobernadores que apoyan a Por México al Frente, además de su aliado político de cabecera, Rafael Moreno Valle, apoyaron explícitamente la ley. Lo que indica que el Frente no tenía una postura unánime para defender en las curules y para revertir los efectos de la ley si llegara a obtener mayoría en las urnas.

Decretada la ley, AMLO advirtió que, como contaba con el apoyo de las tropas, el tema no le quitaba el sueño. Meade está abanderando la defensa de la ley con toda su energía. Incluso señaló que "quienes critican la LSI regatean la seguridad de los mexicanos".

Las distintas posturas dejan poco espacio para interpretación. Es legítimo pensar que no han analizado con calma el artículo sexto de la ley, que permite a las fuerzas armadas operar sin declaratoria del Ejecutivo, aludiendo a la Agenda Nacional de Riesgos, que es un documento reservado. Este solo artículo debería consternarlos.

Si su despreocupación no es resultado del desconocimiento, quizá entonces han decidido voluntariamente, como hicieron durante estos 11 años los gobernadores, dejar directamente en manos de las fuerzas armadas las intervenciones estratégicas de la seguridad. Sin contrapesos, sin restricciones, sin resistencias. No habrá corresponsabilidad. La seguridad civil ha sido entregada a la milicia, con los resultados e implicaciones que todos conocemos ya.

Por lo pronto con la presentación de acciones de inconstitucionalidad contra la ley, el futuro de la seguridad estará en manos de la Suprema Corte de Justicia, pero es revelador saber lo qué hoy piensan y hacen al respecto quienes pretenden ocupar la Presidencia en 2018.