Entre ciudadanos

54 sanciones doradas, ¿ya con eso?

Hace unos días se dio a conocer el dictamen conclusivo del estudio que el actual gobierno de la Ciudad de México solicitó a una empresa consultora francesa, experta en "metros", para determinar qué motivó las fallas de la así llamada "Línea Dorada" del sistema de transporte colectivo de la capital del país.

Esa obra fue presentada con el calificativo de emblemática de la gestión del entonces jefe de Gobierno Marcelo Ebrard; construirla tuvo un costo final de 24 mil millones de pesos, siendo necesario comprometer recursos federales y locales.

La ciudadanía del DF, sufrió las molestias de una obra que se extendió más del doble del tiempo previsto; así las cosas, el día de la inauguración llegó, pero menos de 18 meses después tuvo que ser suspendido su uso al ponerse en evidencia el inusual deterioro de los rieles por fallas graves en su construcción y planeación, poniendo en peligro la vida de miles de usuarios.

En el informe de Systra, la empresa que evaluó la "Línea Dorada", están documentadas más de 11 mil fallas en la planeación, diseño, construcción y operación de esta magna obra.

Entre otras observaciones, existe grave falta de correspondencia entre las vías construidas y los ruedarrieles de los trenes, es decir, las vías construidas y los ejes de los trenes son de ancho distinto; esta falta de interfaz produce un deterioro acelerado tanto en los trenes como en las vías, haciendo evidente el peligro inminente de un descarrilamiento.

Miles de usuarios ven afectadas sus vidas por el cierre —desde marzo— de una obra tan costosa y larga en su ejecución y tan inservible y ofensiva por la corrupción que sugiere.

Al hacerse públicos los nombres de los 54 sancionados, se señaló que 33 de ellos serán inhabilitados para ejercer cargos públicos. Entre los responsables de este engaño están personas cercanísimas al entonces jefe de Gobierno, pero hasta hoy no se menciona al propio Marcelo Ebrard y no resulta razonable que el deber ético y jurídico de responder a los ciudadanos que gobernó y al resto del país por lo ocurrido durante su gobierno no le es naturalmente exigible.

Más allá de los procesos judiciales, que se seguirán contra los responsables, la pregunta es obligada ¿quién y cuándo repararán el daño cotidiano a la calidad de vida de miles de usuarios perjudicados?, ¿de qué forma los ciudadanos afectados son resarcidos con esas 54 sanciones impuestas a los responsables?