Entre ciudadanos

El gran elector ¿garantiza la democracia?

La reforma constitucional en materia electoral, recién promulgada en febrero pasado, introduce diversas y trascendentes novedades. De hecho, ayer la Cámara de Diputados Federal aprobó a los nuevos 11 Consejeros del Instituto Nacional de Elecciones (INE), y, como se sabe, los nombres de los actuales cinco Consejeros del IFE están incluidos en esta designación; es decir, en cinco casos ya están apartados los lugares.

Entre los muchos impactos que se pueden señalar, llama la atención la remoción de los actuales magistrados electorales locales en todo el país, que por ley habrá de hacerse, quienes, por supuesto, la propia reforma prevé que puedan volver a ser nombrados conforme al nuevo procedimiento de elección o ratificación ante el Senado.

A lo largo de la historia de la democracia en México, un asunto obligado de discusión es la existencia, o no, de independencia de las autoridades jurisdiccionales locales. No se dice nada nuevo cuando se afirma la injerencia del gobernador saliente que "prepara" la llegada del sucesor y, en consecuencia, lo relevante de contar con autoridades judiciales dóciles al pretendido proceso democrático que viven los habitantes de cada estado cada tres y seis años.

Pareciera que el espíritu de la Reforma es "nacionalizar" una materia que se encontraba delimitada por el Pacto Federal, en donde la Federación se hacía cargo de los procesos federales y las instancias locales se ocupaban de los procesos estatales.

Esta "nacionalización" enmascara que, en los hechos, la Federación se ocupará de todos los procesos electorales, erigiéndose en el "gran elector".

Como se lee en el texto de la reforma, la Cámara de Senadores será la responsable de convocar al proceso de selección y elegir a los nuevos magistrados electorales locales; esta disposición entrará en funciones en el trascurso de este año 2014; sin embargo, con esta reforma subsiste el inconveniente que se supone pretende evitar.

Como todo senador está vinculado a algún partido político, el cambio en la persona del gran elector, ¿en realidad garantizará el juicio imparcial, objetivo y transparente de la autoridad judicial electoral que exige la democracia y mandata la reforma?